El expresidente de Unicaja, Braulio Medel, aseguró ayer ante el juez que el Consejo Rector de la agencia pública Idea, del que fue miembro desde 1987 a 2008, no participó en la aprobación del convenio que implantó el sistema de ayudas por desempleo que desembocó en el conocido caso de los ERE de Andalucía.
Este convenio firmado con la Consejería de Empleo andaluza materializaba el pago de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis a través de la agencia Idea, antes denominada IFA. No obstante, Medel, declaró ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que el convenio marco "nunca fue aprobado, ratificado ni se entregó en ninguna sesión del Consejo Rector". El expresidente de Unicaja añadió al respecto que, además, en ningún acta de dicho Consejo aparece como anexo, ni en la documentación que recibía cuando no asistía a las reuniones del mismo.
Según Medel, la única referencia encontrada son "dos líneas" en el acta de una reunión del 23 de julio de 2001 en las que se indica que el presidente del ente público informa a los consejeros de un convenio firmado con la Consejería de Empleo para materializar, a través de Idea, el pago de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.
En base a este convenio, se firmaban acuerdos entre la Dirección General de Trabajo e Idea para que la agencia abonara las ayudas con fondos que recibía de la Consejería de Empleo.
Por otro lado, Medel también quiso dejar clara su participación en Idea durante su estancia como miembro de la agencia. El expresidente del banco andaluz aseguró que sólo acudió a cuatro reuniones del Consejo Rector durante el periodo investigado (desde 2001 a 2008) tachando su participación en las mismas de "baja intensidad", "decreciente" e incluso "simbólica".
Sin alertas
El actual presidente de la Fundación Unicaja quiso diferenciar entre las subvenciones y préstamos propios que concedía Idea, donde se hacía una evaluación del riesgo, y aquellas operaciones en las que "como ente instrumental" sólo tenía la encomienda de pagar ayudas de otro órgano concedente. Las segundas no eran objeto del análisis del Consejo Rector. Además, subrayó que la agencia nunca recibió "absolutamente ninguna advertencia de ilegalidad" sobre las ayudas de la Consejería de Economía por parte "ni de la Intervención ni de los servicios jurídicos ni de nadie".
El caso ERE investiga a 22 antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía, entre los que destacan los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acusados de prevaricación y malversación por crear un "procedimiento específico", con el que durante una década el Ejecutivo regional repartió 850 millones en ayudas sociolaborales de forma arbitraria y sin controles, según la Fiscalía.
