La guerra de la estiba abre un nuevo capitulo. El sindicato mayoritario Coordinadora ha anunciado que pararán los puertos de España como medida de presión al Gobierno para que prorrogue un año la vigencia de los actuales convenios colectivos, que decaen el próximo lunes, y apruebe cuanto antes el desarrollo reglamentario del Real Decreto Ley 8/2017, aprobado el año pasado para cumplir con la sentencia de la UE. Aunque los estibadores ya han decidido que irán a huelga en toda la red portuaria, todavía queda por definir la duración de los paros y su fecha de comienzo. "Los detalles se irán perfilando en estos días", asegura el sindicato que dirige Antolín Goya en un comunicado.
Los estibadores, que reabren el conflicto en pleno alza del tránsito de mercancías, acusan a Fomento de sumir al sector "en la incertidumbre" y han criticado las últimas declaraciones del ministro del ramo al asegurar que "son una muestra más de su falta de implicación y de su incapacidad para resolver los problemas que el mismo crea". Y es que, Íñigo de la Serna ha pedido "paciencia" a los estibadores tras comprometerse a enviar al Consejo de Estado el desarrollo reglamentario de la nueva ley del sector "cuanto antes".
La promesa de "acelerar la aprobación del reglamento", que lleva un año de tramitación, no ha calmado los ánimos de los trabajadores del mar porque el verdadero objetivo que persiguen es que el Ejecutivo prorrogue un año la vigencia de los convenios colectivos actuales y el Acuerdo Marco para poder negociar su renovación. Es decir, que se mantenga un año más las condiciones previas a la reforma de la ley de la estiba. "Los trabajadores continúan abiertos a cualquier diálogo que proponga el Gobierno, que vaya orientado al respeto del espíritu del RDL, que no es otro que ofrecer un año para la negociación colectiva", dijo en este sentido Coordinadora.
Una petición a la que se ha sumado la patronal Anesco por que, según dicen, "no pueden negociar sin conocer el marco jurídico aplicable".
¿Por qué urgen el desarrollo?
Y es que, a pesar de que Fomento dice lo contrario, desde el sector explican que el desarrollo reglamentario es fundamental para negociar puesto que recoge "muchos puntos" que hay que "definir". Por un lado, el texto tiene que dejar claro qué tipo de empresas pueden ser accionistas de los nuevos centros portuarios de empleo (las actuales SAGEP): si sólo podrán ser las empresas de transporte o estiba, si se abrirá la mano a que entren las Empresas Temporales de Empleo (ETT) en el accionariado... A su vez, también definirá en manos de quién queda el control de la formación de los estibadores, quién será el que otorgue el certificado de profesionalidad y de las prácticas. El punto de la formación es fundamental para el sector ya que, además de controlar quién entra a formar parte de la familia de los estibadores, se aseguran que se cumplan unos requisitos mínimos de seguridad. En este punto, denuncian que ya están surgiendo academias privadas que dan la formación "sin ningún tipo de garantías". El reglamento también tiene que definir a qué se refieren con las garantías de empleo y quién es el que tiene que asegurar que se cumplan los requisitos.
Otro punto que preocupa a los estibadores es el punto de la ley que libera a las empresas estibadoras de la obligatoriedad de contratar a todo su personal a través de los centros portuarios (CPE). La ley va reduciendo gradualmente el porcentaje que se tiene que fichar : el primer años un 75%, el segundo un 50% y el tercero un 25%. Un punto que entraría en vigor a menos que se firmara lo contrario en el convenio colectivo. Por eso les preocupa que el Acuerdo Marco decaiga y entre la ley en vigor antes de que se renueven. "No podemos negociar con las manos atadas", aseguran.
El reglamento también definirá las ayudas y los requisitos para las prejubilaciones, lo que también marcará las negociaciones.
