Deloitte, la auditora de Hydro Management, la filial de ACS que construyó la desaladora de Escombreras y que se encarga desde 2009 del arrendamiento de las instalaciones, asegura en su último informe público, el correspondiente a 2016, que existe "una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar su actividad, así como para realizar sus activos y liquidar sus pasivos".
La planta, gestionada por Desaladora de Escombreras, una empresa pública que en su origen perteneció también a ACS, está bajo sospecha después de que la Policía y la Fiscalía apunten a que el Gobierno regional bajo la presidencia de Ramón Luis Valcárcel podría haber incurrido en varios delitos al asumir compromisos millonarios en favor del la empresa que preside Florentino Pérez.
A 31 de diciembre de 2016, el balance de la sociedad presentaba un patrimonio neto negativo por 11,1 millones, si bien existen préstamos participativos de 58,9 millones concedidos por Cobra Concesiones, filial de ACS, por lo que la empresa no incurre en causa de disolución. El problema, según el auditor, es que desde 2012 se producen retrasos en los cobros de las cuotas derivadas del contrato de arrendamiento con su cliente, Desaladora de Escombreras. ACS ha iniciado en los últimos años procedimientos judiciales contra ésta, pero existen cobros vencidos e impagados.
En su último informe la Udef, apunta que bajo la presidencia de Valcárcel el Gobierno de Murcia regaló más de 600 millones a ACS. Y, según ha adelantado el diario La Verdad la Fiscalía Superior de Murcia, cree que hubo "maniobras concienzudamente pensadas entre todos los intervinientes" que cuajaron en apenas tres meses en 2006 para poder llevarlo a cabo. Todo estaba "perfectamente cerrado, si bien con la particularidad de que dos empresas privadas (Hydro Management y Tedagua, de ACS) van a ser los únicos que hagan negocio", asegura la Fiscalía. Todo ello provocó además que Deloitte rechazara firmar las cuentas de Hydro Management correspondientes a 2016. Según dice, "no hemos podido obtener evidencia que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría". El auditor justifica su negativa a respaldar las cuentas por "el proceso de investigación en curso por parte de la Fiscalia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre presuntos delitos" y el inicio de un procedimiento de diligencias previas "en virtud de las cuales se ha requerido información relativa, entre otras, a los contratos celebrados en relación con la construcción, arrendamiento, explotación o de cualquier otro tipo de la desaladora de Escombreras".
