En estos tiempos de transición energética se habla mucho del futuro renovable y del encaje de otras fuentes, como el carbón y la nuclear, en ese verde futuro, pero apenas se oye nada sobre las cogeneraciones, esas 600 instalaciones de producción de calor y electricidad vinculadas a procesos industriales -alimentarios, químicos, papeleros, textiles, etcétera-, aunque generan el 11% de la luz del país y consumen una cuarta parte de todo el gas.
No obstante, el reciente informe del Comité de expertos en la transición resalta su importancia y aboga por potenciarlas, de modo que cubran un 12% de una demanda de electricidad que en 2030 será un 20 por ciento mayor que la actual. Esto no sólo implica mantener la potencia eléctrica instalada de cogeneración, actualmente de unos 6.000 MW, sino incrementarla, algo que se advierte difícil, a pesar de que el Ministerio de Energía ha identificado un crecimiento potencial coste-eficiente de unos 3.650 MW, vinculados a una inversión de 4.300 millones de euros.
Y se antoja difícil por varias razones. Una de ellas es que la cogeneración tiene que aplicarse sobre un proceso industrial que aproveche calor útil, y la industria no crece así como así: el objetivo para 2020 es que represente el 20% del PIB, pero apenas llega al 13%, o al 16% si se tiene en cuenta la energía. Otra razón es que ni siquiera está claro cómo se va a mantener el parque existente, cuyos equipos se acercan al final de su vida útil.
Cambiar un sistema de cogeneración viejo por uno nuevo, y cumplir con la normativa de emisiones industriales, no es algo que se haga de la noche a la mañana: hacen falta unos tres años de estudios, tramitaciones y obras, desde que se decide la sustitución hasta que ésta tiene lugar. La inversión, muy grosso modo, ronda el millón de euros por MW, contando con la reducción de emisiones.
Según los datos de Acogen, una de las patronales del sector, la mitad de las cogeneraciones deben sustituirse antes de 2025 y al menos 700 MW ya deberían estar haciéndolo. Sin embargo, sus propietarios no se atreven porque hay inseguridad jurídica: la cogeneración cobra una retribución específica por la producción eléctrica -ayudas similares a las de las renovables por 1.100 millones anuales- de la que depende su rentabilidad, y el Gobierno aún no ha diseñado una regulación para el régimen económico tras el cambio de los equipos; lo único seguro es que se adjudicará mediante subastas, según establece la UE.
Además, el sector está dividido. Por un lado están los fabricantes de las instalaciones y grandes empresas energéticas, que quieren una sustitución rápida para vender máquinas nuevas más eficientes y, contando con que ganan las subastas, convertirse en proveedores de energia para la industria con sus propias cogeneraciones. Por otro lado está la propia industria cogeneradora, que ha pedido al Gobierno una prórroga de la normativa actual hasta 2030, de modo que afinen sus viejas pero operativas instalaciones y esquiven una sustitución que ya debería estar en marcha, que coincide con el proceso de transición energética y que amenaza con alterar su actividad industrial principal y mermar su competitividad.
