La SGAE ha perdido la primera batalla contra las grandes discográficas musicales. La Audiencia Provincial de Madrid ha rebocado la decisión del juzgado de primera instancia número 17 de Madrid de no admitir su recurso, después de haber decretado su expulsión el pasado mes de noviembre. "Debemos revocar y revocamos la expresada resolución, dejándola sin efecto", dicen los magistrados de la Audiencia. Ante esto, y a la espera de que se resuelva el recurso de apelación, Warner, EMI y Peer Music han acusado a la SGAE de saltarse la ley, exigiendo su reingreso inmediato en la misma.
Así, el director general de Warner Music, Santiago Menéndez Pidal, ha remitido por ejemplo una carta al secretario general de la SGAE, Carlos López, para requerirle que "tome las decisiones oportunas para que la entidad vuelva a la legalidad y, para ello, de forma inmediata proceda a restituirme los derechos que me corresponden como administrador de la sociedad, de los que he sido despojado por vía de hecho", remitiendo además una copia al Gobierno.
El máximo responsable de Warner Music se muestra contundente al asegurar que "los tribunales se han manifestado y dejan nuevamente en evidencia la vía de hecho ilegal con la que SGAE está infringiendo los derechos de sus socios y las reglas que deben regir el comportamiento de la entidad".
La SGAE tomó la decisión de expulsar en diciembre de su junta directiva a Juan Ignacio Alonso, de EMI Songs España; Santiago Menéndez Pidal, de Ediciones Warner Bross, y Rafael Aguilar, de Peer Music Española, en cumplimiento de la sentencia emitida en octubre por el juzgado de Primera Instancia número 17 de Madrid. En esa sentencia, el juez entendía que las editoriales no podían ser juez y parte al mismo tiempo, ya que esta situación perjudicaba a los autores. La SGAE se apresuró entonces a expulsar a los editores sin esperar al recurso judicial.
Vigilancia de Cultura
Ahora, en el requerimiento presentado en la SGAE por los editores de estas tres grandes multinacionales, se solicita a la entidad tanto la restitución de los derechos (la vuelta de sus representantes a la Junta y el Consejo) así como la anulación de todas las decisiones tomadas desde su destitución hasta su vuelta. El director general de Warner también asegura que pedirá a la Administración la apertura de un expediente informativo sobre el comportamiento de la entidad.
En este sentido, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha pedido ya a la SGAE información detallada de "cómo tratará" el futuro de los representantes de estas compañías, que salieron finalmente de la junta en diciembre. "Queremos saber si se les va a readmitir o se les va mantener la expulsión. Estamos muy encima de todos esos pasos y solicitando esa información, porque es el método que tenemos para controlar lo que pasa en la SGAE, explican desde Cultura. De no cumplir con esta petición antes del viernes, la entidad se enfrentaría a un expediente sancionador. Cultura había reclamado también la información sobre la guerra abierta en la cúpula tras la destitución del director financiero, Gerardo Rodríguez, ya readmitido, y del director general, Luis Felipe Palacios, por supuestas "discrepancias contables". El pasado viernes, la SGAE ya remitió esa información, que está siendo todavía examinada.
Elecciones a la vista
El presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, afronta la guerra interna abierta en la cúpula con un posible adelanto de las elecciones, que inicialmente estaban previstas para el mes de febrero de 2019. Sastrón ya ha planteado a los órganos de dirección de la sociedad la celebración de comicios a la vuelta del verano, posiblemente en octubre. El presidente de la SGAE quiere garantizarse antes poder sacar adelante una reforma de los estatutos que le permita modificar el sistema electoral para poder presentarse así un tercer mandato en la junta y optar a la presidencia.
Vuelve la lucha entre autores y editores
El Juzgado de Primera Instancia de Madrid dictó una sentencia en el mes de octubre pasado que perjudicaba seriamente el papel de las grandes editoriales en la SGAE, ya que les impedía tener representación en la junta directiva de la entidad de derechos. Este paso ponía de manifiesto de nuevo la lucha de intereses entre las editoriales y los autores, en una entidad sumida en crisis permanente por el reparto de papeles. Según se recogía en aquella sentencia, se declaraba ilegal que los usuarios del repertorio estuvieran representados en la junta directiva de la SGAE. Con ello, se resolvía la demanda interpuesta en su día por tres editoras independientes contra la decisión de la comisión electoral de la sociedad de proclamar como candidatas a las editoras multinacionales antes indicadas en las elecciones celebradas en febrero de 2015. La SGAE restituyó estos puestos con las editoras que habían apelado. La sentencia, sin embargo, no es firme ya que la Audiencia ha admitido el recurso.
