El fondo de reestructuración bancaria (Frob) ha perdido a una de las figuras clave de su organización. La directora general de relaciones jurídicas con las entidades participadas y secretaria de la comisión rectora, Lucía Calvo Vergez, ha decidido abandonar el organismo público. Entre sus funciones se encontraba el asesoramiento legal en los planes de resolución y reestructuración. Según ha podido saber este periódico, ha sido fichada por una compañía del sector privado.
La salida del fondo de rescate se produce en un momento crítico para el organismo, ya que se encuentra en plena ofensiva judicial de los inversores por el caso del Popular, entidad que fue intervenida por la autoridades comunitarias el pasado mes de junio, pero en la que el Frob tuvo un papel determinante, ya que ejecutó el plan aprobado por la Junta Única de Resolución (JUR).
El Frob afronta un aluvión de demandas por parte de los afectados del Popular tanto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como en la Audiencia Nacional. Los demandantes piden a ambas administraciones judiciales la marcha atrás de la resolución de la JUR, y por tanto de la ejecución de esa decisión por parte del Frob. Aunque en España, el juez de la Audiencia busca paralizar la vía civil hasta que el TJUE se pronuncie, el organismo que preside Jaime Ponce se enfrenta a las actuaciones que puedan derivarse de la vía penal que investiga la caída del banco.
Calvo llegó en febrero de 2013 tras su paso por el Ministerio de Cultura, donde fue coordinadora del Convenio de Asistencia Jurídica celebrado entre la Abogacía del Estado-Museo Nacional del Prado y la Sociedad Estatal Prado Difusión, así como otros convenios entre la Fundación Lázaro Galdiano y el Centro Nacional de Arte Reina Sofía.
Como miembro de la alta dirección del Frob, ha ocupado distintos cargos, entre ellos ha sido consejera de la Sareb, el banco malo participado por el fondo de rescate para aglutinar los activos tóxicos de las entidades rescatadas en 2012. El año pasado renunció a sus honorarios como vocal de esta compañía.
Por el momento, el Frob no ha decidido si dejará vacante el cargo de responsable de relaciones jurídicas con las participadas o procederá a un nombramiento en breve, pero sí que tendrá que designar un secretario del consejo rector, que es el órgano que adopta todas las decisiones. Una de ellas fue la relativa a la resolución del Popular.
En los últimos años, el Frob ha sufrido cambios sustanciales en su organización. En la actualidad, la estructura está compuesta por cuatro direcciones generales bajo la supervisión de Jaime Ponce. El área de Administración y Control recae en Daniel Avedillo; la jurídica, en Alba María Taboada; la de Resolución y Estrategia, en Javier Torres Riesco; y la de Finanzas y Participadas, en Leopoldo Puig.
Torres fue la última incorporación en el fondo. Se produjo en enero de 2017 como consecuencia del nombramiento de Carlos San Basilio como director general del Tesoro. Fue fichado del Santander para diseñar la hoja de ruta para desinvertir en Bankia, proceso que culminará en 2019 si no se amplía el periodo para intentar recuperar el máximo posible de las ayudas otorgadas.
