
La liberalización del sector ferroviario no llegará a Cercanías en el largo plazo. La normativa europea (cuarto paquete ferroviario) abre la puerta a que los Estados miembro blinden el monopolio de sus operadores estatales en los servicios regionales y de media distancia (los sometidos a obligaciones de servicio público -OSP-) durante casi 20 años después de que se abra a la competencia del sector del transporte ferroviario de pasajeros.
Tal y como explicó Julio Gómez-Pomar, secretario de Estado de Transporte, en una jornada organizadas por KPMG, "la normativa europea permite asignar directamente (sin concurso) los servicios OSP a un operador ferroviario hasta 2024". Así, el Gobierno podría realizar la última adjudicación directa de los Cercanías a Renfe en 2023 firmando un contrato de diez años prorrogable durante otros cinco, es decir, hasta 2039 como máximo. A partir de esta fecha, si todo sigue según lo previsto, el Ejecutivo tendría que convocar un concurso.
El secretario de Estado no ha querido confirmar si el plan de Fomento es mantener el monopolio de Renfe, pero lo cierto es que es un servicio muy deficitario con poco atractivo para el sector privado que necesita subvenciones millonarias.
Así, el Ejecutivo solo tiene sobre la mesa la idea de abrir al mercado los servicios de AVE y Larga Distancia a partir de diciembre de 2020. A pesar de que Gómez-Pomar considera que "es una oportunidad para todos", descarta que vaya a haber una gran competencia. "Esto no es tan sencillo, requiere mucha inversión, talento de empresa... Es un mercado difícil para entrar a competir y no habrá muchas empresas", aseguró. En esta línea, el director corporativo de Globalia y exsecretario de Estado, Manuel Panadero, aseguró que el mercado español "da para que entre un segundo operador" y que la llegada de un tercero "es dudosa". "Solo podrán competir los operadores globales", dijo.