París, 20 oct (EFECOM).- El Gobierno francés encajó hoy un revés en su batalla jurídica sobre el controvertido Contrato de Nuevo Empleo (CNE) al declarase competente el Tribunal de Apelación de París para examinar su validez, mientras que las autoridades mantenían que ese examen correspondía únicamente a la justicia administrativa.
El CNE permite a una empresa de menos de 20 asalariados despedir al contratado sin justificación durante los dos primeros años.
El Ministerio de Trabajo ha anunciado su intención de recurrir la decisión judicial ante el Tribunal de Conflictos, que tiene un plazo máximo de tres meses para pronunciarse.
Esta batalla judicial arrancó el 28 de abril pasado, cuando la magistratura de trabajo de Longjumeau (Essonne) recalificó el CNE en Contrato de Duración Indeterminada (CDI).
Esa instancia estima que la ordenanza del 2 de agosto de 2005, que creaba el CNE, es contraria al derecho internacional, un dictamen de principio que constituía una primicia.
Esa decisión fue recurrida por el prefecto de Essone (afueras de París) ante el Tribunal de Apelación de París, que ha dado hoy la razón a la magistratura de trabajo.
Al Gobierno le interesaba que el CNE fuese sólo competencia de la justicia administrativa porque este polémico contrato impulsado por el primer ministro conservador, Dominique de Villepin, había sido validado por el Consejo de Estado (máxima autoridad en materia administrativa) el 19 de octubre de 2005.
El CNE es el hermano mayor del Contrato de Primer Empleo (CPE) que Villepin lanzó sin concertación el pasado enero y que fue abandonado después de semanas de movilizaciones sindicales y estudiantiles.
El Tribunal Supremo (la más alta institución del orden judicial) aún no se ha pronunciado sobre el CNE.
En su dictamen, la sala 18 del Tribunal de Apelación de París considera que la separación de poderes prohíbe al juez del sistema judicial censurar los actos del Ejecutivo (en este caso la ordenanza de aplicación del CNE) pero no le impide verificar si es compatible con las convenciones internacionales.
La magistratura de trabajo de Longjumeau consideró "irracional" que un trabajador pueda ser despedido sin razón durante un periodo de dos años, y estimó que es incompatible con el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Francia. EFECOM
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