Sale a la luz parte del informe que Deloitte hizo sobre Banco Popular y el estudio preliminar llevado a cabo por la Junta Única de Resolución (JUR) para su resolución y posterior venta a Santander el 7 de junio. Las conclusiones determinan que la entidad no se encontraba en una fase de insolvencia el 5 de junio del año pasado y habría sido en la madrugada del 6 cuando la crisis de liquidez, desatada por la fuga de depósitos, encendió las alarmas. Consulte aquí el estudio de la consultora (.pdf).
La institución comunitaria presidida por Elke König no ha revelado datos sobre las salidas de depósitos de la entidad ni sobre la liquidez de emergencia que Popular recibió del BCE. Así las cosas, la JUR ha explicado en el informe que "la valoración provisional no indicaba que el banco fuese insolvente".
No obstante, las cosas se precipitaron y poco después el organismo europeo encargado de las resoluciones bancarias en la Eurozona se rendía a la evidencia y apuntaba que "la liquidez y las condiciones de Grupo Banco Popular estaban desencadenando la valoración de inviable o en vías de serlo".
La liquidez era el "factor clave" que estaba desencadenando la caída y la entidad estaba sufriendo importantes salidas de efectivo entre el 31 de marzo y el 1 de junio de 2017. "Había un severo deterioro de su base de depósitos", señalaba. Además el organismo ha explicado que la situación empeoró a raíz de la "cobertura mediática", el anuncio de que tendría que proceder a una ampliación de capital y la rebaja de su rating y que las salidas de depósitos fueron especialmente agudas el 12, 16, 22 y 31 de mayo y el 1 de junio.
Deloitte hizo el informe en sólo 10 días
Fuentes del mercado apuntan que esta sucesión de acontecimientos provocó que las autoridades europeas, que ya habían encargado un informe a Deloitte, tuvieran que meter prisa a los auditores para tomar una decisión. Este escenario es reconocido por la propia Deloitte en su informe y puntualiza que lo tuvo que hacer con extrema urgencia y sin acceso a información crítica.
La firma explica que el trabajo "principal" del mismo se desarrolló a lo largo de doce días desde la fecha en la que tuvo acceso a la "información relevante", al mismo tiempo que señala que el tiempo necesario para "un proyecto de esta naturaleza" lleva "al menos seis semanas".
En consecuencia, la auditora y la JUR acordaron, el 28 de mayo de 2017, priorizar la revisión de la información disponible poniendo el foco "únicamente en los activos y pasivos clave en los que existe una incertidumbre considerable en su valoración".
Deloitte señala que no tuvo acceso a "cierta información crítica" y advierte de que el informe cuenta con un "alto grado de incertidumbre" y es "provisional". La firma también explica que la mayoría de la información de la que disponía eran datos del 31 de marzo de 2017.
Documentos esenciales para los afectados
La JUR ha publicado hoy las versiones no confidenciales -tras eliminar las partes sensibles- de su documento, del informe de valoración hecho por la consultora independiente Deloitte el 6 de junio, el plan de resolución que había elaborado con el Popular en 2016, las cartas que se enviaron a los potenciales compradores, y una versión más amplia de la decisión de resolución publicada en junio.
Estos documentos serán esenciales para que los equipos legales de los inversores que sufrieron pérdidas y han recurrido la decisión ante los tribunales europeos y españoles preparen sus defensas.
La JUR aún tiene pendiente de publicar, previsiblemente en primavera, un tercer informe que elabora actualmente Deloitte para determinar si estos inversores sufrieron un peor trato con la resolución, del que hubieran tenido en caso de liquidación, lo que sería contrario a las normas europeas.
