Apenas dos semanas después del colapso de la constructora Carillion, Capita, otra británica que trabaja para el Gobierno de Reino Unido, desata las alarmas con un desplome en bolsa de hasta el 40%. Esta caída, la mayor desde febrero de 1994, se ha llevado por delante 800 millones de libras (909 millones de euros) de capitalización de la firma de outsourcing.
¿A qué se debe este castigo? Tras varias advertencias durante el año pasado, la compañía, que trabaja para los ministerios de Empleo y Justicia, el Ejército, así como para el plan de pensiones de docentes públicos, ha anunciado un profit warning, así como su intención de suspender el dividendo y ampliar capital para recaudar 700 millones de libras.
La empresa, que también ofrece servicios de atención al cliente para firmas como O2 -un contrato de diez años firmado en 2013 por valor de 1.200 millones de libras-, espera para este año un beneficio de entre 270 y 300 millones de libras, una cifra que dista de los 400 millones que esperaban los expertos.
El presidente de Capita, Jon Lewis, ha explicado que Capita "es demasiado compleja, está impulsada por un enfoque a corto plazo y carece de disciplina operativa y flexibilidad financiera". El directivo, que lleva en el cargo desde el 1 de diciembre, anunció "un cambio significativo para la próxima etapa de desarrollo de la compañía".
Desde finales de 2016, fecha en la que se celebró el referéndum del Brexit, la propia Capita ha alertado de una caída sostenida del gasto de los clientes corporativos. Ahora estudia vender activos y centrarse en las ramas rentables. Según las últimas cifras, la compañía acumula una deuda de unos 1.150 millones de libras y da empleo a 50.000 personas en Reino Unido.
Las voces de preocupación no se han hecho esperar. Frances O'Grady, secretaria general del sindicato TUC (Trade Union Congress), cree que la situación actual de Capita es "altamente preocupante" e instó al Gobierno a actuar. "No podemos permitirnos otro Carillion. El TUC está solicitando una evaluación de riesgo urgente de todas las grandes empresas de externalización y es esencial que el Gobierno colabore", exigió O'Grady.
