El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha fijado como objetivo acabar con todos los problemas de aguas residuales de la región. Y lo hará con un ambicioso programa por el que se invertirán más de 600 millones de euros en la puesta en marcha de 581 plantas de tratamiento de aguas, según ha confirmado Antonio Luengo, director de la Agencia de Agua de Castilla-La Mancha. Descárguese gratis la revista elEconomista Agua y medioambiente
"En Castilla-La Mancha tenemos 918 pueblos, la mayoría muy pequeños, y queríamos un programa con el que contribuir a la depuración de las aguas", indica Luengo para explicar el objetivo del Gobierno regional, presidido por Emiliano García-Page.
Este programa, que forma parte del II Plan de Depuración Regional, paralizado por el anterior Gobierno de Castilla-La Mancha, supondrá una inversión de más de 600 millones de euros, de los cuales la gran mayoría provendrá del sector privado, ya que la Junta de Castilla-La Mancha solo movilizará los fondos Feder que tenga asignados a tal efecto. De hecho, el segundo objetivo que busca el Gobierno regional es cumplir con la normativa europea en materia de gestión de aguas residuales, por la que España ha recibido varias llamadas de atención. "Se tendría que haber hecho en 2013, luego en 2015", observa Luengo en relación a la transposición de la directiva europea.
Para conseguir este objetivo, que le llevaría a contar en 2022 con el 100% de las poblaciones de la región con un sistema de depuración, la Junta de Castilla-La Mancha ha establecido un sistema de concesiones, de tal manera que la inversión provendrá de las empresas que se adjudiquen las licitaciones. Por el momento, "las compañías están muy interesadas", apunta el director de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
Construcción en 2019
La Junta de Castilla-La Mancha ya lo tiene preparado con el fin de lanzar la licitación de estas plantas de tratamiento de aguas residuales en el año 2018. Según explica Luego, se han dividido las 581 instalaciones en diez lotes, con "criterios económicos y geográficos", de los cuales solo podrán adjudicarse un máximo de dos lotes por empresa.
Según el plan de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, las depuradoras deberían empezar a construirse en 2019, y teniendo en cuenta que el plazo mínimo de las obras se ha fijado en 24 meses, para el año 2022 deberían estar funcionando todas las instalaciones.
De los lotes que saldrán a licitación, se han fijado dos en Toledo, uno en Ciudad Real, uno en Albacete y otro Cuenca, mientras que los restantes corresponden a territorios de varias provincias. "El criterio fundamental es geográfico en los lotes", adelanta Luengo. En este sentido, la consejera de Fomento de la región señaló recientemente que "el objetivo del Gobierno de Castilla-La Mancha es que el programa salga adelante, pero aplicando el sentido común". La puesta en marcha de este programa supondrá, según los cálculos del ejecutivo castellano-manchego, la creación de 5.000 puestos de trabajo.
Con la construcción y puesta en marcha de las 581 depuradoras de aguas residuales, la Junta de Castilla-La Mancha pretende alcanzar un alto porcentaje de tratamiento de aguas en la región. Sin embargo, alcanzar el 100% aún no será posible, debido a la estructura de las poblaciones de esta comunidad autónoma.
"En Castilla-La Mancha hay 918 poblaciones, pero a estas hay que sumar las pedanías, con lo que en total tenemos 1.852 núcleos urbanos, casi el doble que las poblaciones. Estos pequeños núcleos es imposible abarcarlos en este programa. Pero hay que tener en cuenta que el 95% tiene menos de 100 habitantes, por lo que no significan contaminación", explica el director de la Agencia del Agua.
Luengo destaca que la Junta de Castila-La Mancha "está haciendo un gran esfuerzo que nos parece que debería ser solidario por parte de los demás". En este caso concreto, se refiere a la Comunidad de Madrid, con cuyo Gobierno van a solicitar una reunión para abordar el tratamiento de las aguas residuales y que "el Jarama nos llegue también depurado al Tajo".
Ésta no es la única pelea que la Junta de Castilla-La Mancha tiene abierta con las comunidades limítrofes. El trasvase Tajo-Segura levanta ampollas en la región manchega. La consejera de Fomento ha indicado que el Pacto Nacional por el Agua tiene que contemplar las consecuencias del trasvase, si no "sería un grave error".
