La SGAE se enfrenta a una investigación por un reparto millonario extraordinario de derechos de autor de cerca de 100 millones de euros. Todo parte de un dossier presentado ante la Policía Nacional y una denuncia ante la Audiencia, por parte del productor musical Rafael Tena, hermano del fallecido Manolo Tena e investigado ahora por el caso de La Rueda. Tena, socio de la SGAE, describe, en concreto, un posible "saqueo" a la entidad, que provocó "un perjuicio para los socios y titulares de derechos gestionados por la SGAE de 92,8 millones de euros".
Según ha podido saber elEconomista, la Policía trabaja ya en colaboración con la Fiscalía de la Audiencia Nacional y está analizando, en concreto, los rescates de derechos que estaban pendientes de identificación por la Sociedad General de Autores y que se llevaron a cabo en 2012 y 2013, bajo el mandato de Antón Reixa. Es un caso que entre los autores se conoce ya como el caso Canibal.
De acuerdo con documentación presentada por Tena, a la que ha tenido acceso elEconomista, en 2012, "se habrían desviado fondos por cuantía cercana a 75 millones de euros", a los que habría que sumar otros 18 millones más en 2013 "por acuerdos del consejo de dirección de 24 de octubre y 2 de diciembre" de ese año.
El productor mantiene que "es pública y notoria la falta de control, transparencia, trazabilidad y equidad de la normativa interna de reparto", tal y como consta en las actuaciones llevadas a cabo dentro del proceso de La Rueda, por el que se investiga el presunto cobro fraudulento de derechos. En las intervenciones telefónicas realizadas por la policía en el marco de este caso al actual director general de la SGAE, Luis Felipe Palacios, reconoce de hecho a Tena que no hay trazabilidad entre recaudación y reparto y que las cuentas "no cuadran".
Auditorías
Las propias auditorías de la SGAE correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014 revelaban ya además una salida irregular de fondos para el reparto de derechos de autor por un importe de 18 millones. EY, la firma que se encargó de supervisar los estados contables de la sociedad, explica en los informes correspondientes a estos dos años que el consejo de dirección acordó distribuir la bolsa de derechos de autor pendientes de identificar del año 2008 saltándose las normas internas de la propia entidad de gestión.
Los derechos pendientes de identificación han sido desde hace años objeto de polémica en la SGAE. Se trata de una bolsa de dinero -de hasta 120 millones de euros en su momento- recaudado en derechos de autor por la entidad en obras que por su escasa duración, por su forma de presentación o por cualquier otra circunstancia, no pueden identificar al autor de la forma habitual y, por tanto, su importe pasa a una bolsa común denominada "pendiente de identificación".
La SGAE, bajo la presidencia de Antón Reixa, decidió afrontar esa identificación, pero, según señala el auditor, "dicho reparto podría, en su caso, considerarse no ajustado a la disposición transitoria decimoquinta de los estatutos de la sociedad". Los principales beneficiados habrían sido las grandes editoriales, que fueron además las encargadas de llevar a cabo la identificación de los derechos en tiempo récord, según denuncia Tena.
En las actas internas de la Comisión Rectora de la SGAE presentadas por este socio ante la Policía se señala que "dado lo ambicioso del proyecto y la ingente cantidad de obras y periodos a revisar (más de ocho millones de registros musicales, audiovisuales y dramáticos) se constituyó un equipo de trabajo compuesto por 37 personas de las diferentes áreas del departamento de Operaciones, que llevó a cabo una exhaustiva revisión de las partidas pendientes".
El entonces presidente de la multinacional discográfica Warner y exdirectivo de la SGAE, Álvaro de Torres, ofreció a su equipo y al de otros editores "para ayudar a la identificación de los repertorios", algo que finalmente se aceptó. Según ha denunciado Tena, el problema de fondo radica así en que "no se llevó a cabo ninguna actuación seria tendente a la identificación de las obras y autores que habían generado los derechos del pendiente de identificación".
Posibles responsables
En su denuncia ante la Policía, ahora en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Rafael Tena asegura que "las personas que propusieron e impulsaron el plan de choque -Antón Reixa, el presidente de la SGAE, Francisco Galindo Villoria, secretario general, y Pablo Hernández Arroyo, director jurídico, sabían desde el primer momento, por su experiencia en la entidad y en la gestión de derechos de autor, que el rescate de los 60 millones de euros previsto inicialmente era de imposible realización con el grupo de trabajo formado".
De hecho, según dice, "este grupo fue parte del engaño para dar apariencia de legalidad al auténtico expolio llevado a cabo". Es otro escándalo más en la larga lista que acumula desde hace años la Sociedad General de Autores y Editores.
