La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quiere frenar el Real Decreto que ultima el Ministerio de Fomento para "ordenar" el sector de las VTC (Vehículo Turismo con Conductor). La normativa impone una serie de restricciones a la actividad de los coches que operan con Uber y Cabify que el organismo presidido por José María Marín Quemada ha tachado de "desproporcionadas", "injustificadas" y "anticompetitivas", por lo que ya se está preparando para impugnar la regulación ante el Supremo en el caso de que se publique en Boletín Oficial del Estado (BOE) como está redactada.
Un escenario que se puede dar a corto plazo ya que el Gobierno espera aprobar el Real Decreto en las próximas semanas y no ha solicitado la opinión de la CNMC sobre proyecto normativo, cuyo informe, además, no es vinculante. La elaboración de este informe, con el que el organismo advierte al Ejecutivo de su valoración desfavorable y le pide que replantee las medidas, es el primer paso que tiene que dar antes de acudir a los tribunales para impugnar la regulación en la que ha detectado restricciones graves a la competencia efectiva, explican fuentes del sector.
Así, el organismo ha abierto un nuevo frente en su guerra contra Fomento para evitar que limite el sector de las VTC en favor del taxi. No en vano, el superregulador ya ha llevado ante el Alto Tribunal la ley de transporte terrestre (LOTT) que impide que haya más de una licencia de Uber y Cabify por cada 30 de taxi. Un ratio que ha desaparecido (actualmente está en el 1/10) por el vacío legal generado con la aprobación y posterior derogación de la ley Omnibus, que liberalizaba el sector del transporte por carretera. En este punto, el organismo explica que las impugnaciones que ya se han presentado contra la regulación del sector "no tienen efecto sobre la norma objeto del informe ya que las medidas adoptadas por el Proyecto del Real Decreto no estaban previstas".
En concreto, en dicho informe la CNMC critica abiertamente que la nueva regulación impida la reventa de las licencias VTC hasta que hayan pasado dos años desde su expedición original y que permita a las comunidades autónomas "exigir que los titulares de dichas autorizaciones (…) les comuniquen, antes de su inicio, la prestación de cualquier servicio que haya de desarrollarse dentro de su territorio". El ministerio de Fomento ha explicado en más de una ocasión que estás medidas van encaminadas a poner coto a la "especulación" en la venta de autorizaciones VTC en el mercado secundario, donde ya se puede adquirir una por unos 45.000 euros, y a evitar que los vehículos que trabajan con las plataformas Uber y Cabify recojan pasajeros directamente de la calle sin que se haya realizado una contratación previa. Una explicación que no ha convencido al superregulador, que no ha dudado en asegurar que los dos artículos "restringen la competencia en el sector y no están justificadas bajo los principios de necesidad ni proporcionalidad".
"Restricciones injustificadas"
En cuanto a la moratoria de dos años para la transmisión de las licencias VTC, el organismo que preside Marín Quemada explica que la restricción "implica de facto una barrera de acceso al mercado" y otorga "una ventaja competitiva" a los que ya operan puesto que solo se aplica a los entrantes. En este punto, dice que limitar la capacidad de comerciar con las licencias además incrementará los costes de salida del mercado para los empresarios que entren ya que tendrán sus activos inmobilizados dos años.
La CNMC considera a su vez que la norma "no está justificada" puesto que no es ilegal que las licencias sean solicitadas "con el único y exclusivo objeto de comerciar con ellas" y señala que el mercado secundario no se ha cuestionado en ninguna otra actividad del transporte regulada por Ministerio lo que supone "una clara discriminación respecto de otros sectores". No en vano, las licencias de taxi se venden libremente en el mercado secundario y llegan a costar hasta 150.000 euros. La expedición de nuevos permisos de taxista por parte de las administraciones lleva bloqueada más de diez años y el gremio no tiene intención de que se reactive. Además, el organismo ha defendido que los movimientos especulativos "son lícitos en una economía de mercado" y que la reventa de licencias "no perjudica al interés público".
La norma que obliga a comunicar a las comunidades autónomas de cualquier servicio que se vaya a realizar también ha sido criticada por la CNMC al no regirse "por los principios de necesidad y proporcionalidad". "Esta medida supone una fuerte carga administrativa para los operadores y comporta el riesgo de suponer una barrera a la competencia y a la movilidad geográfica", sentencia.
Fomento no se ha pronunciado sobre el contenido del informe, que ha sentado como un jarro de agua fría a los taxistas. Fedetaxi aseguró que el organismo "acosa al sector" y ha "lamentado" que "dé un paso más en su batalla por desmantelar el servicio público del taxi y entregarlo en bandeja a multinacionales como Uber y Cabify". Así, ha solicitado la dimisión de Marín Quemada. Por su parte, el presidente de la patronal de VTC Unauto, Eduardo Martín, ha respaldado las opiniones de la CNMC. "La verdad es que no existe ninguna justificación más allá de ceder al chantaje del taxi. Estas medidas son exactamente las que propuso Fedetaxi a Fomento para mantener su monopolio. Se trata de un ejercicio legislativo único en el mundo en el que un competidor regula al otro en beneficio propio", denunció.
