Santiago Millet es, desde 2011, presidente de la Asociación de Latas de Bebidas, integrada por los fabricantes presentes en el mercado español -Ball, Crown y Ardagh-, los suministradores de materias primas e industrias relacionadas. Antes presidió La Boite Boisson, asociación homóloga en Francia.
A punto de cerrar 2017, ¿cuál es el balance del año para su sector?
Este 2017, en líneas generales, está siendo un año muy bueno, con un crecimiento del 7,3%, lo que supondrá unos 7.500 millones de latas, y las perspectivas para 2018 son positivas. Ha aumentado el consumo de refrescos, bebidas energéticas y cerveza -que representa casi la mitad- y en todos los canales -distribución, horeca y cash & carry-, lo que refleja la preferencia del consumidor por este embalaje y es signo, también, de la recuperación económica. Cuando la situación es mejor, se consume más fuera de casa y se reactiva la venta de latas, formato más cómodo de almacenar y transportar, que preserva mejor las propiedades del producto y es más eficiente medioambientalmente. El metal es el residuo más valioso, porque se puede reciclar infinitas veces, y es fácil de recuperar. Ya se recicla el 85% de las latas.
En este sentido, la ALB es uno de los grandes detractores de la implantación del sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) de envases de bebidas planteado en Comunitat Valenciana. ¿Por qué?
La posición de la Asociación está clara: tenemos un sistema de recuperación de envases que funciona muy bien -con diferencias entre comunidades autónomas, pero no grandes-. Y, cuando un sistema funciona, lo que hay que hacer es mejorarlo, reforzando su eficiencia, y eso es lo que se está planteando en la Comunitat Valenciana por parte de todos los sectores afectados -fabricantes, hostelería, distribución, pequeño comercio y consumidores-, junto a la patronal (CEV). El SDDR no beneficia al consumidor, encarece el producto, aumenta las emisiones, restará espacio de venta, es difícil de controlar... Además de ser discriminatario y arbitrario, porque ¿por qué no se habla de otros envases? Habría que mantener dos sistemas de reciclaje, multiplicando costes. La entrada del SDDR en España responde a la campaña de marketing de una empresa que vende máquinas para recoger los envases -en referencia a Tomra-, que subvenciona a una asociación que es la que está desarrollándola -en referencia a Retorna-. El coste de implantarlas en España podría ser de 900 millones. Lo que no es lícito es que le den un barniz medioambiental. Cuando planteamos un debate científico, no quieren, porque saben que sus argumentos no lo son. Otros países, como Bélgica, Francia, Italia o Reino Unido han rechazado este sistema, porque no tiene sentido. En Alemania, no sólo no se mejoró el reciclaje, sino que cayó cuando se implantó el depósito. El reto es concienciar al consumidor.
¿Está afectando en Cataluña el impuesto sobre bebidas azucaradas?
Están ocurriendo tantas cosas allí, que no sabemos qué parte del impacto en consumo es por esa medida y qué parte por la situación política. En todo caso, hay que fomentar un consumo responsable en general, porque el azúcar está en todas partes, no solo en bebidas -según Anfabra, en seis años se ha reducido un 30% en refrescos-. Es discriminatorio e injusto.
¿Los crecimientos están acompañados de inversiones en el sector?
Es un sector muy concentrado, porque es intensivo en capital y en tecnología. Se opera con grandes volúmenes y pequeños márgenes. Hay tres grandes fabricantes en el mundo, con cuatro plantas en España -dos de Crown, una de Ball y una de Ardagh-. Ball está construyendo otra en Guadalajara y Crown tiene ya suelo en Sagunto para la tercera. Tenemos que estar listos para atender las necesidades del mercado.
