Bruselas, 18 oct (EFECOM).- La Comisión Europea tensó hoy un poco más la cuerda en su disputa con España por la opa de E.ON sobre Endesa, al exigirle de nuevo que retire las condiciones "ilegales" impuestas por la CNE a la operación y darle sólo cinco días para explicar por qué no lo ha hecho todavía.
El Ejecutivo de la UE anunció la apertura de un procedimiento de infracción contra España por no haber retirado las condiciones que el pasado 26 de septiembre Bruselas consideró incompatibles con la legislación comunitaria y le dio de plazo cinco días laborables para responder a la carta de emplazamiento.
El portavoz de Competencia de la Comisión, Jonathan Todd, subrayó que el Gobierno español no ha tomado hasta la fecha "ninguna iniciativa" para acomodarse al requerimiento que Bruselas le hizo hace ya tres semanas.
La decisión de Bruselas de que 18 de las 19 condiciones fijadas por la CNE para autorizar la fusión del grupo alemán y Endesa son "ilegales" era "vinculante y de aplicación inmediata", recordó Todd.
El portavoz explicó que, en este caso, Bruselas debe seguir los pasos habituales de un procedimiento de infracción (carta de emplazamiento, dictamen motivado y denuncia ante el Tribunal europeo), pero aseguró que el proceso puede ser "tan rápido" como la Comisión desee.
Fuentes del Ejecutivo comunitario incidieron en que una operación como la fusión de E.ON y Endesa requiere una actuación de la Comisión especialmente ágil, para evitar que los obstáculos injustificados perjudiquen a esas u otras empresas implicadas.
Si Bruselas no actúa de manera decidida, explicaron, "corremos el riesgo" de que los gobiernos, español o de otro país miembro, vuelvan a tomar medidas para dificultar otras operaciones empresariales.
Todd destacó que la mayoría de disputas con los Estados miembros por fusiones se resuelven antes de llegar al Tribunal de Justicia y confió en que tampoco en este caso sea necesario denunciar al Ejecutivo español ante la corte europea.
Esa sería la mejor salida para este enfrentamiento, reseñó el portavoz.
En respuesta a los periodistas, el portavoz explicó que la Comisión no se plantea la imposición de sanciones económicas a España porque para ello sería preciso una sentencia condenatoria previa del Tribunal de Justicia y un segundo fallo, lo que no es el caso.
El Gobierno español ya mostró en septiembre pasado su disposición a modificar las condiciones impuestas por la CNE, lo que hará, previsiblemente, el Ministerio de Industria cuando resuelva los cinco recursos de alzada presentados contra las medidas -por E.ON, Endesa, Gas Natural, Iberdrola y una asociación de accionistas minoritarios-.
Según la legislación española, este Departamento tiene hasta el 10 de noviembre para resolver los recursos, aunque el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, dijo la semana pasada que lo haría "en días o semanas".
España ya se enfrenta a otro procedimiento de infracción relacionado con la opa de E.ON sobre Endesa, en el marco de la normativa europea sobre mercado interior, por la ampliación de las competencias de la CNE.
También el 26 de septiembre Bruselas anunció el envío a España de un "dictamen motivado", segundo paso del procedimiento, y le dio dos meses de plazo para modificarlas bajo la amenaza de que, si no lo hace, podrá llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Según el Ejecutivo de la UE, la ampliación de funciones del regulador energético español, aprobada de urgencia pocos días después de conocerse las intenciones de E.ON de hacerse con Endesa, supone una restricción a la libre circulación de capitales y al derecho de establecimiento dentro de la Unión. EFECOM
epn/jlm
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