Empresas y finanzas

Panamá afronta sobrecostes y atrasos en el puente del Canal

Las obras del tercer puente del Canal de Panamá, que ejecuta la compañía francesa Vinci, acumulan unos sobrecostes que ya se aproximan a los 140 millones de euros. Las proyecciones de la propia Autoridad del Canal de Panamá (ACP) estiman una inversión total de 570 millones de dólares (478 millones de euros), lo que representa más del doble que lo presupuestado inicialmente, 246 millones de dólares (206 millones de euros). Hasta ahora, el coste del proyecto asciende a 410 millones de dólares (345 millones de euros), según los datos oficiales correspondientes al primer semestre del año.

Mientras, la fecha de terminación del puente está fijada para el 27 de diciembre de 2018, casi cuatro años más que la previsión original, que establecía el mes de enero de 2015. Panamá enfrenta así un nuevo episodio de retrasos y sobrecostes en una obra relacionada con el Canal. Por el principal contrato de la infraestructura, que entregaron hace poco más de un año un consorcio liderado por la española Sacyr, la ACP tiene abiertos numerosos litigios en tribunales de arbitraje internacionales. En el caso del tercer puente, sin embargo, las autoridades panameñas no han presentado ninguna demanda contra Puente Atlántico, la sociedad que lidera Vinci responsable del proyecto.

Desde que se iniciaron las obras a principios de 2013, el contrato ya ha sufrido un total de 24 modificaciones. Hasta junio de este año, el avance de la construcción del tercer puente, que tiene una longitud de 4,6 kilómetros y permitirá a los vehículos cruzar el Canal de Panamá desde la costa Atlántica, con independencia del funcionamiento de las esclusas, alcanzaba el 69%.

La disputa con Sacyr

La disposición de la ACP en el contrato del tercer puente del Canal de Panamá o en otras obras relacionadas con el metro de la capital en las que participaron la brasileña Odebrecht y la también española FCC se revela muy distinta a la que tuvo con el proyecto del tercer juego de esclusas, la principal actuación del programa de ampliación de la infraestructura.

El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) que encabeza Sacyr y completan la italiana Salini Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Constructora Urbana (CUSA), ha planteado a las autoridades panameñas reclamaciones por unos 3.700 millones de euros. Una cantidad que aún podría ser mayor, puesto que las empresas encargadas del proyecto han estimado una cifra de máximos en el entorno de los 5.673 millones de dólares (4.750 millones de euros).

En julio, se resolvió el primer gran pleito en la Corte de Arbitraje de Miami, que dio la razón a la ACP. La reclamación fue una de las primeras presentadas por GUPC. El consorcio pidió 193 millones de dólares (161,5 millones de euros) por los sobrecostes ligados al ataguía del Pacífico (Pacific Cofferdam). El arbitraje desestimó la demanda y condenó a Sacyr, Salini Impregilo, Jan De Nul y CUSA a hacerse cargo de las costas del proceso e indemnizar a la ACP con 25 millones de dólares (alrededor de 21 millones de euros).

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