La Comisión aspira a presentar la próxima primavera la propuesta, cuyo largo y complicado proceso complica que las compañías terminen pagando su "parte justa" a las haciendas nacionales
Los países de la UE han acordado por una amplia mayoría explorar cómo forzar a las grandes firmas de Internet para que paguen la "parte justa" de los impuestos que les corresponden. Este es el objetivo final de la propuesta según resumió su proponente, el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, quien durante dos días desplegó todo el activismo del nuevo Ejecutivo de Emmanuel Macron para convencer a sus colegas en la reunión de los ministros de Finanzas de la UE en Tallin. La Comisión Europea espera presentar una propuesta para la primavera de 2018.
Todos reconocieron la necesidad de atajar la ventajosa fiscalidad de estas multinacionales. Pero más allá del diagnóstico común, el Consejo Ecofin evidenció las dificultades para actuar en un asunto en el que la solución acarrea una enorme dificultad técnica, al intentar gravar compañías con modelos de negocio muy diferente. Además ya existen iniciativas en materia tributaria en el seno de la UE (armonización de las bases imponibles) y en la comunidad internacional (la iniciativa BEPS coordinada por la OCDE), que para algunos podrían verse afectadas negativamente si los socios se distraen con esta nueva propuesta. Y, sobre todo, la unanimidad de los estados miembros que requieren las nuevas medidas en materia fiscal auguran un proceso extenuante y de final incierto.
La Comisión y una mayoría de Estados miembros se felicitaron por haber dado el primer paso para desmontar las estrategias utilizadas por Google, Facebook, Amazon y las otras firmas para escapar de sus obligaciones con el fisco, desviando sus ingresos a países con gravámenes muy bajos como Irlanda.
"Estoy convencido de que los países que puedan tener algún tipo de cautela inicial, que no sorprenderá a nadie, acabarán aceptando. Al final los 28 llegaremos a un acuerdo", comentó en la rueda de prensa posterior al Ecofin el ministro de Economía, Luis de Guindos.
"A pesar de las diferentes opiniones" dijo el ministro de Estonia, Toomas Toniste, "llegamos a la conclusión de que tenemos que movernos juntos". "Todo el mundo está de acuerdo que el problema existe", añadió.
Pero las evidentes sensibilidades sobre cuán rápido y cuán lejos se debe llegar en este asunto provocó evidentes fisuras entre los estados miembros, esperadas dadas las tradicionales posiciones de las capitales respecto al siempre sensible pago de impuestos.
Una gran mayoría de al menos 20 de los 28 socios está a favor de una solución a largo plazo para el pago de impuestos en el entorno digital. Una de las opciones barajadas, y propuesta por la presidencia de la UE en manos de Estonia, consistiría en adaptar el concepto de residencia permanente en el que se basa la residencia fiscal añadiendo la presencia "virtual". Así, un negocio con una "presencia digital significativa" tendría un "establecimiento virtual permanente" en esa jurisdicción, y por lo tanto estaría obligado al pago de impuesto de sociedades en ese territorio.
Esta solución a largo plazo debería estar en sintonía con el trabajo que realice la OCDE, e incluso se podría convertir en el estándar que posteriormente se aplicaría para el entorno global.
Pero, como insiste Francia y respalda la Comisión y la presidencia de Estonia de la UE , existe un momento político, una ventana de oportunidad para actuar en este momento. "El tiempo se agota", explicó por su parte Dmitri Jegorov, número dos para asuntos fiscales del Gobierno estonio. Argumentó que si a las compañías pequeñas se les urge a que paguen los impuestos, ¿por qué habría que dar más tiempo a las grandes firmas de Internet esperando mientras se logra un gran acuerdo internacional?
Por eso Alemania, Italia y España se sumaron a Francia en demandar ya un "impuesto compensatorio" a estas firmas para reunir "algo de lo que estas compañías deberían estar pagando en términos del impuesto de sociedades", señalaron en un comunicado político adoptado. El texto también fue respaldado por Bulgaria, Grecia, Portugal, Rumania, Austria y Eslovenia.
Esta decena de países piden ya un "remedio rápido" que podría ser este impuesto compensatorio, aunque como explicó Jegorov, estos países están dispuestos a aparcarlo una vez que se haya diseñado la solución a largo plazo.
Como cualquier otro tema controvertido, el proceso de gestación será largo y tortuoso. Tras este primer impulso político, la siguiente fase será la presentación en un par de semanas por parte de la Comisión una comunicación. El texto analizará los problemas que plantean en materia tributaria estas firmas digitales, y qué soluciones se pueden ofrecer teniendo en cuenta sus diversos modelos de negocios. Los líderes mantendrán una primera discusión política en la cumbre del 29 de Septiembre que se celebrará también en Tallín. Los técnicos de los estados miembros analizarán a partir de entonces las alternativas y la intención es que el Consejo Ecofin de Diciembre incluya en sus conclusiones un mandato para la Comisión, para que presente una propuesta legislativa la próxima primavera. Ese mandato ya daría alguna pista de la opción preferida.
Este será el punto de arranque de las negociaciones formales del borrador que aun debería ganar de manera formal el apoyo de los estados miembros por unanimidad y del Parlamento Europeo, lo que aun se podría alargar al menos otro par de años.
Por lo tanto, resulta complicado esperar que incluso la "solución rápida" vaya a ver la luz del día pronto, más aún cuando Irlanda, Malta, Luxemburgo, Chipre, Reino Unido, República Checa, Suecia y Dinamarca han expresado, con diferentes tonos e intensidades sus reticencias o abierta oposición a la idea.
Además, la idea pondrá en pie de guerra a EEUU, ya que las principales afectadas serán las grandes firmas tecnológicas norteamericanas. Si durante la época de Barack Obama los primeros escarceos en materia tributaria entre ambas orillas ya provocaron acusaciones de anti-americanismo desde Washington, el tono e incluso la respuesta ganará enteros con Donald Trump sentado en la Casa Blanca. Algunos estados miembros, incluido el Reino Unido, ya alertaron ayer del riesgo de que la propuesta sea interpretada como anti-americana, explicaron fuentes comunitarias.
Los defensores aun tendrían la posibilidad de acudir a la cooperación reforzada que ofrecen los tratados para sacar la propuesta (se necesitarían al menos nueve socios). Pero el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, alertó ayer sobre los riesgos de esta opción, ya que afectaría a la "integridad" del mercado interior, sobre todo en un campo esencialmente transfronterizo como es el mundo digital, y además "complicaría más la ambición de crear un mercado único digital". Además, dividiría aún más a una Europa cruzada ya por un sinfín de líneas divisorias, y alejaría la posibilidad de que la propuesta fuera adoptada por la OCDE como principio internacional.