Es el verano del rechazo al turismo. Al menos, entre algunos sectores de la población. El ya conocido como fenómeno de la turismofobia está provocando el caos regulador entre las comunidades autónomas más expuestas a un sector que supone más del 11% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional.
Ayer mismo entró en vigor la nueva ley del alquiler turístico del Gobierno balear, que multará con hasta 400.000 euros a inmobiliarias, intermediarios o plataformas digitales que publiciten el alquiler de pisos a turistas en Baleares. Desde la compañía Airbnb calificaron la nueva ley de "compleja y confusa".
La sanción para los propietarios que alquilen su piso durante menos de 30 días, sin un contrato de arrendamiento y sin que el visitante haya pagado una fianza oscilará entre los 20.000 y los 40.000 euros.
Poner fin a la "especulación" en el alquiler de las viviendas y promover un modelo turístico "responsable, sostenible y equilibrado" son, en boca del vicepresidente balear, Biel Barceló, los objetivos de esta ley, que modifica la del PP. Ahora, el Ejecutivo de PSIB-PSOE y MÉS quiere "poner orden" en la actividad del alquiler turístico y fija un "techo máximo" de 623.624 plazas (435.700 en Mallorca, 109.800 en Ibiza, 60.100 en Menorca y 18.000 en Formentera).
Mientras Baleares publicaba en el BOE su ley, en ciudades como Sevilla resurgía el debate sobre la conveniencia -o no- de instaurar tasas turísticas que contengan el número de visitas. Y Canarias y Galicia dirimían con los tribunales o, como en el segundo caso, con organismos del Estado, sus propias regulaciones de alquileres turísticos.
Confusa maraña de normas
Desde que en 2013 el Gobierno delegara en las autonomías la normativa sobre turismo y alquiler vacacional, cada región ha establecido distintas exigencias. A veces, incluso, el debate ha trascendido de la órbita autonómica a la local, creando aún un mayor caos.
Es el caso de Andalucía. Si bien el Gobierno andaluz descarta implantar una tasa turística a nivel autonómico, los alcaldes de Sevilla, Juan Espadas, y Granada, Francisco Cuenca, han manifestado recientemente que son partidarios de esta tasa en sus respectivas ciudades.
En Sevilla, la concejal del PP en el Ayuntamiento, Carmen Ríos, mostró esta semana la negativa de su formación a la implantación de esta tasa en la ciudad "por el rechazo del sector y por la pérdida de competitividad como destino turístico". Ríos puso de ejemplo a Cataluña y Baleares, donde se aplican entre 45 céntimos y 2,25 euros y entre 50 céntimos y dos euros por noche, respectivamente.
Siguiendo los pasos de ciudades como París o Ámsterdam, también San Sebastián ha apostado por establecer una tasa para controlar el alquiler de apartamentos turísticos.
En el caso de Valencia, ha optado por una tasa para controlar estos alquileres a través de plataformas como Airbnb. La ciudad pretende fijar límites para evitar que la proliferación de estas plazas provoque los problemas de convivencia que amenazan a ciudades como Barcelona o Madrid.
En la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes ha manifestado en numerosas ocasiones su rechazo a gravar el turismo. Mientras, el Ayuntamiento ha cogido las riendas del problema de la proliferación de viviendas turísticas en la capital y también trabaja con plataformas digitales para imponer una tasa a las viviendas turísticas y limitar el tiempo de alquiler.
Ofensiva normativa y fiscal contra el sector
Cataluña, pionera en el uso de los impuestos
Para recoger frutos de la actividad turística, Cataluña lanzó en el año 2012, y a imagen de lo que sucedía en ciudades como Florencia, una tasa a pernoctaciones hoteleras y cruceros entre los 0,45 y 2,25 euros la noche. Ahora el Gobierno de la Generalitat va a ir más allá y regulará este otoño el alquiler turístico de viviendas. Barcelona, además, acaba de aprobar una tasa a pisos vacíos.
La tasa turística empieza a sonar en Andalucía
El equipo de Gobierno sevillano, del PSOE, acaba de proponer la instauración de una tasa turística (en principio se plantea cobrar un euro por noche de estancia) que, de momento, cuenta con el rotundo rechazo del PP. Esta posibilidad empieza a plantearse también en Granada. La Junta, por ahora, no contempla instaurarla a nivel autonómico, pero está dispuesta a que los consistorios decidan.
Canarias se topa de frente con la justicia por Airbnb
El Gobierno de Canarias lanzó recientemente una de las regulaciones más restrictivas de toda España tanto para las plataformas de alquiler de viviendas vacacionales, como para los propietarios. Sin embargo, la justicia acaba de anular los aspectos más polémicos de la ley, tales como la prohibición de que existan estos pisos en zonas hoteleras o la obligatoriedad de inscribirlos en un registro previo.
Competencia frena, por ahora, la regulación gallega
La Xunta de Galicia obliga a registrar las viviendas de uso turístico y les hace pagar una tasa de 56 euros. Además, esos pisos están obligados a prestar servicios como la atención de 24 horas e incluir calefacción o seguro -servicios propios de los hoteles-. Las autoridades locales pueden incluso limitar su número. ¿Problema? La CNMC cree que la norma "desalienta a operadores" al ser muy restrictiva.
Baleares aprueba la ley más restrictiva
Las plataformas digitales que publiciten el alquiler de pisos a turistas en Baleares tienen 15 días para dejar de hacerlo o se verán expuestas a multas de entre 40.000 hasta 400.000 euros. Además, los propietarios de pisos que los alquilen a turistas se enfrentan a sanciones de 20.000 a 40.000 euros. Así lo marca la nueva y polémica ley del alquiler turístico puesta en marcha por el Ejecutivo balear.
Madrid dejará alquilar solo al propietario residente
El debate del turismo masivo llega a Madrid en un año de récords para el sector. El número de viviendas dedicadas a uso turístico ha subido un 42% en un año. Ante el rechazo de la comunidad autónoma a la implantación de una tasa turística, el Ayuntamiento planea regular el alquiler limitando el poder del propietario, al que previsiblemente no dejará rentar a turistas un piso en el que no viva.
Valencia seguirá los pasos de Barcelona y Colau
La Comunidad Valenciana estuvo a punto de pactar una regulación del alquiler vacacional con las plataformas Airbnb y Renting, pero las negociaciones se rompieron. Ahora es la ciudad de Valencia la que explora un convenio de colaboración con éstas para imponer una tasa y un límite de días para alquilar propiedades a turistas y evitar así los problemas que amenazan a ciudades como Barcelona.
El debate se reabre en un País Vasco dividido
En los últimos años, el debate sobre la tasa turística se ha reabierto en el País Vasco cada cierto tiempo. San Sebastián, polo de atracción de turistas de la región con diferencia, ha anunciado un plan de choque para ordenar la actividad turística en la ciudad y aboga por la implantación de un impuesto al turismo que rechaza Vitoria y sobre el que Bilbao, de momento, se mantiene a la expectativa.
