Barcelona no es la única ciudad europea en la que el turismo ha comenzado a ser un problema. Hay otras grandes capitales, como Venecia o Ámsterdam, que se han enfrentado a situaciones complejas y que han puesto en marcha medidas para poner límites a la masificación turística, ante el otro efecto peligroso del crecimiento del turismo que es la huida de residentes fijos por la masificación y los precios.
Según el documental El Síndrome de Venecia el centro de la ciudad tenía a mediados del Siglo XX 175.000 residentes. La cifra se ha reducido a 50.000 personas y se teme que en 2030 no quede nadie a menos que se tomen medidas. La ciudad también ha sufrido episodios de turismofobia a través del movimiento No Grandi Navi, que organiza distintas protestas y actos de boicot contra los cruceros que llegan a la ciudad por un día. Justo para controlarlos, la ciudad ha instalado un contador de personas para limitar la entrada a puntos neurálgicos. Además, ha lanzado campañas de concienciación hacia el turista para motivar la convivencia.
Los Países Bajos e Islandia también sufren las consecuencias de la masificación turística. El Ayuntamiento de Ámsterdam, igual que el de Barcelona, está ahora estudiando medidas para evitar que la gran afluencia de visitantes le haga perder su carácter. Por su parte, el Gobierno islandés cobra un impuesto turístico a los visitantes que llegan a la isla.
El fenómeno es global, porque fuera de Europa también se dan casos. Prueba de ello es la drástica situación que tuvo que tomar el Gobierno tailandés en 2016, puesto que cerró al público la isla Koh Tachai: clausuró la entrada porque la afluencia de turistas amenazaba su ecosistema natural.
Una batería de medidas
Barcelona también lleva meses tratando de definir sus políticas, aunque han sido polémicas porque no siempre han ayudado a fomentar el turista de calidad que se buscaba. Cabe recordar una de las primeras: la moratoria hotelera de 2015 que ha provocado la pérdida de dos hoteles de cinco estrellas. La medida fue duramente criticada por el sector puesto que impedía la apertura de nuevos hoteles. Sin embargo, la medida coincidió con el auge de los alojamientos turísticos ilegales; especialmente en el centro de la ciudad.
Ese auge, que se relaciona con un incremento de los problemas de convivencia en el centro de la ciudad está dando paso a un proceso de regulación de los pisos turísticos. La Generalitat trabaja en un nuevo decreto sobre el turismo, en el que, previsiblemente, se regulará el homesharing. Las plataformas presionan para que se permita a los particulares alquilar habitaciones en las viviendas en las que residen, una vez que ha accedido a retirar la lista de alojamientos (más de 1.000), que a juicio del Ayuntamiento se están alquilando para turistas de forma ilegal.
Por otra parte, Barcelona también estudia gravar a los visitantes de un día que accedan a Barcelona, a instancias del PDeCAT. Esta tasa se cobrará a los touroperadores que traigan visitantes desde otras localidades catalanas.
Los que ya pagan son los cruceristas. Desde este año se aplica una tasa tanto a los cruceros que pernoctan en Barcelona, como a los que solo están unas horas. También han aumentado los impuestos sobre alojamientos turísticos.
