La administración concursal de Isolux Corsán ha planteado ahora un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) voluntario que podría afectar a alrededor de 440 trabajadores. Esta propuesta surge como alternativa al Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para hasta el 60% de la plantilla que los comités de las distintas empresas del grupo en concurso de acreedores habían rechazado.
El administrador concursal de Isolux, Francisco Vera, ha trasladado esta propuesta que afectará hasta el 35% de los trabajadores del área corporativa del grupo, compuesta por 146 personas, el 40% de construcción, que suma 439 empleados, y el 55% de ingeniería (389 trabajadores).En caso de que las bajas voluntarias no cubran las previsiones de la empresa para cada sociedad se completará con el ERTE.
El planteamiento de Isolux contempla la extinción de los contratos para el 31 de agosto, fecha en la que se liquidarían los finiquitos. La propuesta ofrece una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, aunque su pago se ejecutaría entre siete y 12 meses después del ERE. El plazo de adscripción concluye el próximo 10 de agosto.
Proceso concursal
La administración concursal de Isolux plantea el ERE después de que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid aceptara ampliar al máximo los plazos del proceso concursal del grupo constructor, uno de los mayores de la historia empresarial española, dado que suma más de 2.000 acreedores.
En concreto, la fase común del concurso del grupo controlado por sus bancos será de seis meses, periodo que triplica al de dos meses fijado en la ley. De esta forma, concluirá el 12 de febrero de 2018.
Posteriormente, arrancará la fase de convenio, en la que los acreedores deben decidir si aceptan el plan de pago que, en su caso, proponga la empresa, que podría suponer otros dos meses. En el supueto de que lo rechacen, el grupo se verá abocado a la liquidación.
De esta forma, el proceso concursal de Isolux se extenderá durante, al menos, un año. La firma se declaró insolvente el pasado 12 de julio con un 'agujero' patrimonial de 801,9 millones de euros, una deuda financiera de 1.270 millones y una deuda con proveedores de 405 millones.