Los fondos extranjeros que invirtieron en las nueve autopistas de peaje en quiebra, y que ahora están llamadas a relicitar, se mantienen en la más completa incertidumbre sobre el proceso que les atañe. Según apuntan a este periódico los representantes de los inversores internacionales, estos grupos desconocen las condiciones de la futura relicitación. También ignoran el contenido de la carta remitida por el Ministerio de Fomento a los administradores concursales. Hasta el momento, lo único que ha trascendido de esa misiva es que la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa) se compromete a enviar antes de mediados de septiembre los contratos que pasarán a ser de titularidad pública.
Según diversas fuentes del sector, la deuda bancaria acumulada por las concesionarias alcanza los 3.400 millones de euros, si bien algunos fondos extranjeros ya se han desprendido de sus pasivos al venderlos con altos descuentos a diversos fondos buitre. Ante esos precedentes, los ánimos de los inversores no son muy favorables. Así, los fondos extranjeros que invirtieron en las concesionarias de autopistas apenas pueden disimular su malestar, ya que la mayoría de ellos perdieron dinero en la operación. También está por ver si los ingresos futuros de las concesiones que se materializarán en 2018 proceden de pagos anuales relativamente fijos por parte de la Administración en lugar de los tradicionales peajes. En el primero de los casos, en el modelo de pago por disponibilidad, los fondos temen por las incertidumbres regulatorias.
En concreto, las autopistas afectadas son las cuatro radiales de Madrid, 2, 3, 4 y 5 (consorcio Accesos de Madrid compuesto por Abertis, ACS, Sacyr y Bankia); la M-12 (Eje Aeropuerto de Barajas que une la capital con el aeropuerto), la AP-41 (Madrid-Toledo), la AP-36, y dos tramos de la AP-7, la circunvalación de Alicante (Ciralsa), y la Cartagena-Vera (Aucosta).
Todas las miradas apuntan al Gobierno, cuyo Consejo de Ministros prevé aprobar este viernes el convenio para dar una segunda vida a las referidas autopistas y radiales. Por lo pronto, se ha adelantado que el ejecutivo recurrirá a Seittsa para que esta empresa pública asuma la gestión de las infraestructuras durante el periodo desde que revierten al Estado hasta que se liciten de nuevo a finales de 2018.
La puesta en marcha de una solución al problema acucia a las entidades, ya que solo los costes anuales por mantenimiento, conservación y gastos de personal contratado en las mismas supera los 65 millones de euros al año.
Ahora, a través de la relicitación y los recursos que pudieran ingresarse, el Ministerio de Fomento pretende compensar en parte el coste de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que debe asumir al quedarse en propiedad estas autopistas, ya que cuando se construyeron dichas infraestructuras no requirieron ningún pago por parte de Estado. Fuentes de Moncloa ya informaron el pasado abril que el tráfico en las concesiones en dificultades económicas creció en febrero un 10,5% con respecto al mismo mes de 2016. En el acumulado de los tres primeros meses de este año, el incremento se situó en el 9,5% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Además, el Ejecutivo no teme por la ausencia de posibles interesados, ya que considera que la relicitación se producirá con unas condiciones atractivas, además de realizarse en "un momento próximo al inicio del periodo de explotación de estas autopistas y, lejos aún, de la fecha de fin de concesión, que oscila entre 2027 y 2065 y, por lo tanto, lejos también de la amortización de la inversión realizada".
