La Audiencia Nacional ha decidido investigar los términos de la indemnización de 16 millones de euros que recibió el exvicepresidente y exconsejero delegado de CaixaBank Juan María Nin al abandonar la entidad, el encontrar indicios de delito societario y apropiación indebida. La entidad aclara que la indemnización de Nin fue conforme a la ley.
En un auto fechado el pasado 28 de junio, el titular del juzgado central de instrucción nº 5, José de la Mata, explica que se trata de hechos relatados en una querella, admitida como denuncia, sobre irregularidades en la compraventa de unas fincas. Pero entre los hechos relatados, que ahora va a investigar el juez, figura que CaixaBank abonó a Nin 16 millones de euros en concepto de indemnización "mediante un plan urdido" por el entonces presidente Isidro Fainé y el propio Nin, "con la cooperación necesaria del consejo de administración y de otros asesores".
Por eso incluye en la investigación, además de a Fainé y Nin, al vicepresidente desde 2014, Antonio Massanell, al consejero delegado desde esa fecha, Gonzalo Gortázar, y a otros miembros del consejo de administración que participaron en la adopción de acuerdos.
De lo que se trata es de aclarar si la entidad le concedió a Nin una mejora en las condiciones de su contrato y de su finiquito apenas un mes antes de finalizar este, lo que le permitió cobrar esos 16 millones de euros.
El 29 de mayo de 2014 Juan Maria Nin y CaixaBank suscribieron un nuevo contrato de prestación de servicios, que entró en vigor y produjo plenos efectos desde el 16 de junio de ese año; el 30 de ese mes , los miembros del Consejo de Administración dieron por extinguida la relación jurídica de alta dirección de Nin, "supuestamente" porque se extinguía el contrato como consecuencia del proceso de reorganización en que se encontraba inmerso el grupo.
Como consecuencia de esta extinción, el 10 de julio se suscribió un acuerdo de extinción entre ambas partes pero con efecto retroactivo al 30 de junio, lo permitió a Nin cobrar 15.081.308 euros en concepto de activación del nuevo contrato de prestación de servicios fechado el 29 de mayo y de las cláusulas blindadas.
Delitos de alzamiento de bienes
La querella inicial se interpuso por delitos de alzamiento de bienes, falsedad y estafa procesal por los gravámenes y venta por 50 millones de euros de una finca en la que los administradores de CaixaBank habrían actuado actúan en colaboración con los vendedores.
Pero el magistrado explica que ambos hechos-la operación de compra venta y la indemnización- no tienen relación entre sí, de ahí que haya decidido la apertura de una pieza separada sobre la indemnización de Nin.
