Empresas y finanzas

Los afectados por el fraude del cártel europeo de camiones podrán reclamar hasta abril de 2018

Los afectados por el fraude del cártel europeo de camiones podrán seguir reclamando hasta el 6 de abril de 2018, mientras que cada usuario tendrá que proporcionar elementos probatorios del perjuicio económico sufrido para aspirar a una recuperación media de 25.000 euros.

Según ha informado en un comunicado el despacho Sala&Serra Abogados, la primera noticia que se tuvo sobre la existencia de dicho cártel fue en julio de 2016, a raíz de la publicación de una nota de prensa de la Comisión Europea, pero no fue hasta el 6 de abril de 2017 cuando se dieron a conocer los documentos determinantes para fijar el plazo de reclamación.

Así, según el abogado del bufete Santiago Dupuy de Lome, no fue hasta la publicación de dicho documento "cuando los perjudicados podían tener un meridiano conocimiento de los datos esenciales para poder representar una reclamación".

Por otro lado, desde el despacho señalan que los precios de los camiones afectados por el cártel oscilan entre los 50.000 euros y los 200.000 euros, lo que representa una media de 120.000 euros, lo que supondría, "en términos de recuperación estimados entre el 15% y 20%", una recuperación mínima de 8.750 euros, una máxima de 35.000 euros y una media de 25.000 euros.

Para poder percibir una compensación, los afectados por la adquisición de estos vehículos deberán poder cuantificar el importe de este sobreprecio con criterios sólidos y proporcionar elementos probatorios del perjuicio económico sufrido.

La Comisión Europea impuso a finales de julio del año pasado una multa de 2.930 millones de euros a los fabricantes de camiones DAF, Daimler (Mercedes), Iveco, Volvo-Renault, MAN y Scania por crear un cártel entre 1997 y 2011 en el que acordaron aumentar los precios de sus productos, retrasar la introducción de tecnologías anticontaminación necesarias para cumplir con las normativas europeas y repercutir los incrementos de gasto sobre los clientes.

Por su parte, el Gobierno aprobó el pasado 27 de mayo un Real Decreto-Ley por el que los transportistas pueden pedir a los fabricantes de camiones que les envíen la documentación que sirvió de soporte a la Comisión Europea para ejecutar la demanda contra los fabricantes.

La Confederación de transportistas estimó que el número de adquisiciones de vehículos afectados por dichas prácticas restrictivas de la competencia se sitúa en alrededor de 10 millones de camiones en toda la Unión Europea, de los que aproximadamente 360.000 corresponden a camiones adquiridos en España.

De esta manera, alrededor de 150.000 transportistas españoles afectados pueden iniciar la demanda para que se les compense por el sobreprecio que pagaron al adquirir sus camiones a causa del pacto ilícito de estos fabricantes. Se estima que las reclamaciones españolas alcanzarían más de 2.500 millones de euros solo por el sobreprecio.

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