Con 5.000 millones, las constructoras financiarán el 20% y el 'Plan Juncker', bancos y fondos el 80%El coste para el Estado será de 10.500 millones y el retorno fiscal se acercará a 3.000 millones
El nuevo Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) mediante colaboración público-privada estará dotado con 5.000 millones de euros y generará un total de 189.200 puestos de trabajo durante los 30 años de la concesión. El plan, que abarcará más de 20 corredores con 2.000 kilómetros de vía, tanto de nueva creación como de ampliación y mejora de varios existentes, contará con una aportación de alrededor del 20 por ciento por parte de las concesionarias para la construcción, mientras que el 80 por ciento restante procederá, a partes iguales (40 por ciento), de la financiación de bancos y fondos de inversión y del Plan Juncker, como adelantó ayer elEconomista.
El sistema concesional que se utilizará será el pago por disponibilidad, por el que la Administración paga al concesionario en función de unos estándares de calidad y de servicios. No habrá, por tanto, peajes para los usuarios. El Gobierno se ha fijado en los modelos de países como Holanda y Reino Unido. Se trata de una fórmula extendida en toda Europa, donde ya supone el 90 por ciento del total, frente al 5 por ciento que representaba hace una década. En España, la última iniciativa de características similares es la A-66 Zamora-Benavente, licitada en 2011. La batería de proyectos que el Ministerio de Fomento anunciará tras el verano tendrán, no obstante, una financiación más favorable y un traspaso casi completo de los riesgos a las concesionarias, según explicaron ayer fuentes gubernamentales.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asumió el papel protagonista para la puesta de largo de este plan, que llega para compensar el hundimiento que ha sufrido la inversión pública en infraestructuras durante los últimos años. Ante medio centenar de representantes de la construcción, entre los que figuraban los primeros espadas de varias de las mayores empresas del país, Rajoy subrayó ayer en Moncloa que este programa supondrá un impulso a un sector, el de la obra pública, que "todavía no se ha incorporado a la recuperación económica y a la creación de empleo".
Con los 5.000 millones, el Gobierno trata de satisfacer, al menos parcialmente, las demandas vertidas desde el sector en los últimos años, especialmente por parte de la patronal Seopan, cuyas peticiones para carreteras alcanzan los 30.000 millones. Y lo hará, además, sin arriesgar los objetivos de déficit público (3,1 por ciento en 2017 y 2,2 por ciento en 2018), toda vez que el sistema concesional aprobado se sustenta en la inversión privada y del BEI. Sí generará gasto presupuestario desde el lado del canon que el Estado pagará a las concesionarias por la explotación, mantenimiento y la gran reposición. En concreto, se estima un coste anual de 350 millones -el 20 por ciento del presupuesto del Ministerio de Fomento para inversiones en carreteras- durante los 30 años de concesión, lo que arroja un volumen de unos 10.500 millones.
48.000 puestos de trabajo
Su incidencia sobre el empleo será muy relevante. Según precisó ayer Mariano Rajoy, la construcción de los proyectos generará 48.000 puestos de trabajo directos, a los que se sumarán 30.000 indiretos y 72.000 inducidos; en total, por tanto, unos 150.000 empleos. En la fase concesional, creará 12.000 directos, 8.000 indirectos y 19.200 inducidos, para un total de 39.200. En conjunto, el programa permitirá sumar al mercado laboral a 189.200 personas. Además, el presidente del Gobierno destacó que el plan de inversiones propiciará un retorno fiscal de cerca de 3.000 millones. Deriva de que cada euro invertido en infraestructuras genera más de 0,5 euros.
Desde el Ejecutivo se destacó que el sistema que se aplicará no dependerán de la demanda (tráfico), distanciándose así de los episodios ocurridos en los últimos años con las autopistas de peaje en quiebra. "Hay una transferencia de riesgos prácticamente total al concesionario", explicaron desde el Ministerio de Fomento. Serán las empresas, por tanto, las que asumirán no sólo el riesgo de demanda, sino también de las cuestiones ligadas a los permisos, la climatología, los sobrecostes, modificados y explotación. "Esto garantiza que no haya sustos por el camino", abundaron. Queda aún por resolver cómo se abordarán los costes de expropiaciones (ver información adjunta).
En las próximas semanas, igualmente, el Ministerio de Fomento definirá con las patronales sectoriales (Seopan, Anci y CNC) el listado final de los proyectos que encajarán en el plan. Serán más de 20 iniciativas, con alrededor de 2.000 kilómetros de vía de alta capacidad. Unos serán nuevos y otros ampliarán y mejorarán carreteras existentes, como algunas autovías de primera generación. Su presupuesto medio rondará los 200 millones, con un mínimo de 100 millones.
La idea es culminarla en septiembre, para sacar las primeras licitaciones en los últimos meses del año. El periodo de construcción discurrirá entre 2017 y 2021. Entre los proyectos que se da por seguro que formarán parte del listado figuran la alternativa a la A-1, la Circunvalación de Murcia o la conexión entre Burgos y Aguilar de Campóo.
Tanto desde el Gobierno como desde las constructoras se estima que las empresas, incluidas las medianas, tendrán recursos suficientes para acometer el pago del 20 por ciento de capital para la construcción (20 millones en las obras más pequeñas). Se espera que se conformen consorcios, que buscarán el apoyo financiero para la concesión en bancos, fondos de inversión y aseguradoras. Una parte sustancial, el 40 por ciento, provendrá del denominado Plan Juncker, el Plan de Inversiones de la UE. Éste ofrece unas condiciones de financiación -"impresionantes"- de euríbor más el 0,75 por ciento, que irá destinada a proyectos incluidos en la red transeuropea.
