Dos cuestiones quedan aún por resolver en el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras (PIC): el listado definitivo de los proyectos que abarcará y cómo se instrumentará el pago derivado de las expropiaciones de terrenos. Ésta última "preocupa mucho" en el sector, según reconocieron ayer fuentes del mismo. Por ahora, el Ministerio de Fomento no ha definido la fórmula, pero desde las constructoras ya piden fijar un techo en el coste a partir del cual la Administración lo asuma.
En el pliego que tiene ultimado, el Ministerio de Fomento ha incluido un sistema para que mensualmente se controle el mantenimiento de los proyectos de un plan que traslada a los concesionarios el grueso de los riesgos asociados a las obras y a la concesión. Aún falta definir el reparto de los expropiatorios. La propuesta que maneja el sector es que ese límite se sitúe entre el 150 y el 175 por ciento sobre el coste de las expropiaciones acordado en la oferta.
El 175 por ciento es precisamente el umbral que se fijó para que las concesionarias de las autopistas de peaje en quiebra cobraran préstamos participativos, tal y como se estableció en la disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2010. El coste de las expropiaciones de las radiales se estimó en menos de 400 millones y la cifra final supera los 2.200 millones. Aquella medida compensatoria, sin embargo, no se ha cumplido en la mayoría de los casos y, de hecho, hay varios procesos judiciales abiertos por este asunto.
"Hay que buscar un reparto del riesgo eficiente y sobre éste el concesionario no tiene margen de influencia", señalaron ayer fuentes del sector, por lo que, a su juicio, "debe asumirlo la Administración". Se trata, además, de una "decisión que es compatible con la no imputación de la inversión en el balance del Estado como déficit".
Un informe elaborado por Uría Menéndez y Deloitte para Seopan, titulado Hacia un modelo eficiente de colaboración público-privada, refrenda la posición de las constructoras. "Resultaría recomendable que la documentación contractual atribuyera claramente a la Administración el riesgo de expropiación, mediante: la previsión del derecho del contratista a una compensación por los sobrecostes expropiatorios; y la inclusión en el valor patrimonial de la inversión o responsabilidad patrimonial de la Administración de los costes reales totales de la expropiación", señala el documento.
