Parecía cosa de chiste. Lo que sucedió entre el Gobierno y los fabricantes de vehículos con el nuevo Plan Movea lanzado hace dos semanas fue poco más o menos así: "Les voy a dar dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que el Ejecutivo repartirá fondos para incentivar la compra de coches alternativos y sostenibles entre los ciudadanos y empresas; y la mala es que sólo se repartirán 14,26 millones de euros entre los primeros que acudan al concesionario". De esa forma, lo que apuntaba para sonrisa, finalmente tornó en mueca.
La industria del motor tiene claro que las ayudas se agotarían a la velocidad de un fogonazo, como ocurrió entre las empresas que adquirieron vehículos industriales. En el caso de los particulares, la subvención correrá parecida suerte en los próximos días.
Para hacerse una idea aproximada de la situación, el usuario que aspire a comprarse un coche eléctrico y disfrutar de la subvención pública, lo primero que debe hacer es decidirse enseguida y acudir cuanto antes a un concesionario. Mañana podría ser demasiado tarde.
Una vez elegido el modelo de coche de pila de combustible, la ayuda estatal será de 1.300 euros en el caso de un vehículo con autonomía de hasta 40 kilómetros, cifra que se eleva a 2.600 euros para los coches con capacidad para recorrer 90 kilómetros sin recargar y de 5.500 euros para los que superan los 90 kilómetros. A lo anterior se añadiría 750 euros en el caso de que el comprador entregara su vehículo antiguo para achatarramiento. También es posible aspirar a otros 1.000 euros si se destinan para instalar un punto de recarga eléctrica en el garaje, importe que sufragaría el concesionario. Por todos los conceptos, las ayudas públicas y privadas oscilarán entre 3.050 euros y 6.750 euros, en función de la autonomía del vehículo, y siempre que el titular entregue un vehículo de su propiedad para el desguace (con la correspondiente baja en el registro de Tráfico) e instale un punto de recarga eléctrica en su domicilio.
Si el modelo de coche eléctrico que pretende adquirir es de gama media o alta -y por lo tanto capaz de cubrir más de 90 kilómetros del tirón-, la ayuda pública se elevaría hasta los 5.500 euros, sobre un modelo cuyo precio de venta supere los 32.000 euros. De la misma forma, se pueden sumar otros 750 euros por achatarramiento del coche antiguo (siempre que la titularidad del mismo supere un año) y otros mil euros por instalar un punto de recarga doméstico.
En el caso de que prefiera un coche de gas licuado de petróleo (GLP), la ayuda pública varía en función del tonelaje del vehículo: Los que pesan menos de 2.500 kilogramos y cuesten más de 11.000 euros pueden aspirar a una ayuda de 500 euros, junto con los 750 euros de achatarramiento y los 1.000 euros de propina del concesionario. En total, hasta 2.250 euros. Si el modelo de GLP pesa más de 2.500 kilos, el importe total de la subvención anterior se incrementaría en otros 500 euros.
Las ayudas resultan más generosas en el mercado de turismos propulsados por Gas Natural (GN): 1.800 euros para los vehículos de menos de 2.500 kilos y 4.500 euros para los que superan 2.500 kilos. El concesionario también colabora con una ayuda adicional de 1.000 euros y el Estado con otros 750 euros en caso de achatarramiento.
Decepción en el sector
La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam) mostró su decepción por la cuantía a repartir de la segunda edición del Plan Movea. En opinión de la patronal que representa a 4.600 concesionarios y 3.000 compraventas, "la apuesta del Gobierno por la movilidad eficiente y las energías alternativas es más una declaración de intenciones que una realidad, a juzgar por la debilidad de un plan de impulso basado en ayudas intermitentes y con una dotación presupuestaria a años luz de Europa". Así, la dotación destinada en España viene a ser unas diez veces más pequeña que la de otros vecinos como Alemania o Francia, países cuyo porcentaje de coches eléctricos duplica el actual de España. En este sentido, Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de Anfac, lamentó esta semana la "discontinuidad" en la duración de los planes de incentivos a la movilidad con vehículos alternativos (Planes Movele y Movea), así como el reducido importe de los mismos. De esa forma, se entiende que las ayudas para los propietarios de vehículos industriales se agotarán en un pispás.
