Tiene todas las papeletas para capitanear el relevo generacional en el sindicato más importante de España, Comisiones Obreras. Si UGT se decantó por un catalán de origen asturiano, José María Álvarez, CCOO apostará el próximo fin de semana por un vasco con raíces vallisoletanas que defiende la unidad de acción sindical como un valor "inquebrantable". Unai Sordo (Bilbao, 1972) es el elegido por Ignacio Fernández Toxo para liderar el sindicato por ser, en palabras del todavía secretario general, "el mejor candidato para pilotar el nuevo tiempo sindical".
Un tiempo para el que Sordo, dialogante y mesurado en las formas, tiene planeado reforzar el poder contractual ante el Gobierno y la patronal "desde el fortalecimiento de la base". Este joven sindicalista, avalado por una amplia experiencia, fue primero responsable juvenil de la organización en el País Vasco, después líder en Vizcaya y, desde 2009, secretario general en Euskadi. Asegura que nunca tuvo una especial pretensión y que "una cosa llevó a la otra". Cuando se tiene vocación, dice, "hay pocas razones para decir que no".
Este fin de semana se celebra el XI Congreso Confederal y casi se da por descontado que no se presentarán otras candidaturas...
Por descontado nunca se puede dar, pues la posibilidad de presentar candidaturas se da hasta el mismo Congreso y con un 10% de avales. Por tanto, y aunque no parece previsible, hasta ese momento la posibilidad está abierta.
Se ha dicho de usted que es el "delfín" de Toxo y que tiene el encargo de adaptar CCOO a los nuevos tiempos. ¿Es necesaria la regeneración?
Es necesario dar un paso adelante en la adaptación de la organización sindical al profundísimo cambio de modelo económico, laboral y social en el que estamos inmersos. La crisis ha terminado de cambiar el ecosistema en el que hacemos la acción sindical, porque ha cambiado la legislación laboral y porque el propio concepto de empresa es distinto. Esto exige cambios en el discurso, en la práctica y en la propia organización que venimos haciendo de un tiempo a esta parte, pero en el próximo periodo tenemos que dar un salto hacia adelante.
Durante su despedida en Euskadi se refirió a la necesidad de abordar una "fuerte recuperación salarial". ¿Cuánto deben subir los sueldos?
Las subidas deben servir para recuperar el poder de compra. La situación de los sectores y de las empresas es diversa y, en función de esa diversidad, habría que situar los incrementos. Si la economía está creciendo más del 3%, no pueden derivarse a los salarios subidas del 1%. Hay que intentar una subida salarial más amplia, que haga justicia social y que sirva para activar la demanda interna y consolidar una recuperación económica más sostenible.
¿Es partidario de incluir una cláusula de salvaguarda que proteja de repuntes de la inflación?
Sí, sería importante una fórmula de salvaguarda y un acuerdo salarial que permitiera orientar las negociaciones colectivas en sectores y en empresas y que sirviera para desbloquear algunos convenios colectivos que están paralizados.
Toxo quería dejarle la negociación salarial cerrada, pero sigue en jaque. ¿Hay que pensar ya en 2018?
No hay que renunciar a la recomendación para 2017. Hay muchas negociaciones colectivas todavía abiertas, algo menos de la mitad de los convenios están sin renovar y el acuerdo salarial vendría bien para impulsar esa negociación. Sin el acuerdo, la negociación se seguiría dando a pelo. Me parece necesario ese pacto, pero, si no se da, los convenios se seguirán negociando.
¿Usted también culpa del bloqueo a la falta de interés de la patronal?
Si la patronal quiere jugar un papel como agente social necesita impulsar acuerdos generales que orienten las negociaciones concretas, y sería bueno que esas orientaciones se correspondieran con lo que dicen, como que este país necesita recuperar la demanda interna. La patronal debería ser coherente y orientar las subidas salariales para ganar poder de compra.
¿Qué le parece la ayuda para jóvenes con contrato de formación anunciada recientemente por la ministra de Empleo, Fátima Báñez?
Los recursos públicos hay que utilizarlos de forma muy medida y para favorecer situaciones muy concretas. La incorporación de los jóvenes al mercado laboral va a venir de la propia generación de empleo y de la mejora del vínculo de los sistemas de formación con la entrada en el mundo del trabajo, pero sin que esto sirva para deteriorar las condiciones de entrada, sino como rampa para adquirir un conocimiento que permita incorporarse en mejores condiciones. Este país necesita una inversión muy potente en formación profesional. Esas son las grandes políticas para reducir el paro juvenil, que es escandaloso.
Ahora que PSOE y Podemos vuelven a intentar una mayoría alternativa, ¿cree que los trabajadores españoles estarían más protegidos con un Gobierno de izquierdas?
Un Gobierno que desarrollara políticas progresistas y más orientadas a mejorar la distribución de renta y de poder, pensando en la mayoría social, que es trabajadora, en efecto, situaría en mejor posición a la clase trabajadora de este país. Las políticas de austeridad, recetadas desde la Unión Europea y aplicadas por el Gobierno del PP con rigor y casi con devoción, han incrementado la desigualdad, han contribuido a la precarización del empleo y están dualizando la sociedad. Por tanto, claro que habría que dar un cambio en profundidad a la orientación de las políticas laborales y económicas que requiere de Gobiernos de izquierdas, de progreso.
Usted fue crítico cuando el sindicato se vio salpicado por el escándalo de las 'tarjetas black'. ¿Cree que Mariano Rajoy debe dimitir por la corrupción de su partido?
A mí ahora mismo no me toca hacer ese tipo de valoraciones. La corrupción es un lastre brutal para la credibilidad del sistema democrático y ha provocado un rechazo enorme de la ciudadanía, no ya a un partido -porque si fuera sólo un partido, de lo suyo gasta- sino al propio hecho democrático e institucional, y esto es gravísimo para una sociedad.
La corrupción es un lastre económico de primera magnitud. Un país donde se dan prácticas corruptas por el vínculo entre determinados sectores económicos y el poder político es un país que favorece las peores dinámicas empresariales. Tendría que haber una acción mucho más contundente cuando aparecen casos de corrupción.
Muchos han pedido también la dimisión del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. ¿Qué opina de la amnistía fiscal que primero justificó y ahora quiere prohibir por ley?
No comparto la idea de las amnistías fiscales, ni de perdonar o favorecer a aquellos que han dejado de pagar lo que debían, que, dicho sea de paso, nunca son los de la nómina. En este país, los de la nómina pagamos religiosamente nuestros impuestos y no podemos tolerar que personas en condiciones mucho más favorables y con muchos más recursos hagan de la elusión, y no digo ya del fraude, su forma habitual de gestión fiscal.
¿Es eso lo que ha sucedido?
España ha desfiscalizado su capacidad de recaudación, no por la reducción de impuestos, sino por favorecer la elusión fiscal, por pensar que se gana competitividad por esa vía. Ha habido muchas prácticas de fraude y otras de elusión que han hecho que las empresas españolas paguen una parte menor de los impuestos que debieran.
Y, ¿qué opinión le merece la labor del actual Ministerio de Empleo?
Impulsó la reforma laboral de 2012, que ha sido el mayor ataque a los derechos y al sistema de relaciones laborales español. Supone una apuesta por el deterioro de las condiciones de trabajo y de los salarios como fórmula de salida de la crisis, desmembrando la negociación colectiva, tirando a la baja los sueldos y precarizando la contratación, y favoreciendo los peores modelos de gestión laboral en las empresas.
¿Cuáles son esos modelos?
La utilización sistemática de la contratación temporal y el despido prácticamente libre como fórmula. Ese esquema donde a la negociación colectiva sectorial se le parte el espinazo y se precariza la contratación es una apuesta por la resignación y por la devaluación interna como forma de competencia en una economía global. Es desastroso.
Pero el PP saca pecho de su reforma... porque está creando empleo. ¿Le reconoce algún mérito?
No. Se hacen trampas al solitario cuando se dice que la reforma laboral está creando empleo, porque no es verdad. No es cierto que el marco laboral per se cree empleo, y esto no es opinable. La legislación laboral lo que hace es orientar comportamientos dentro de las empresas y en España ha orientado comportamientos perversos como que la forma de adaptación de las empresas a los ciclos económicos sea a través de la contratación precaria y el despido. Hoy hay despido libre en España, no gratis, pero sí libre.
Ahora mismo, las grandes decisiones en materia de legislación laboral se dictan en los tribunales. ¿Qué le parece la judicialización de las relaciones laborales?
Me parece que no es deseable, pero que es inevitable cuando se hace una reforma laboral tan lesiva y que, en muchos aspectos técnicos, es una auténtica chapuza. La judicialización es una herramienta. Defendemos la acción sindical, pero es evidente que la técnica jurídica de la reforma ha dejado tantos huecos abiertos que por la vía judicial hemos conseguido contrarrestar algunas de las peores intenciones que tenía la reforma laboral.
La reforma de las pensiones será clave en esta legislatura. ¿Cree que el sistema es sostenible?
El sistema es sostenible si este país decide que quiere gastar un porcentaje de PIB anual acorde a lo que está gastando Italia o Francia, y esto supone un decalaje en torno a 4 puntos. Si España está dispuesta a gastar en torno al 15% del PIB en los años de mayor gasto, el sistema es sostenible. Con la actual legislación, tras la última reforma impuesta por el Gobierno del PP, las pensiones van a perder una importante capacidad de compra.
¿Se le ocurre cómo evitarlo?
A partir de 2019, el factor de sostenibilidad hará que la primera pensión caiga y los índices de revalorización harán que las pensiones futuras pierdan poder adquisitivo. Creo que hay que reformular esos criterios y hay que mejorar la estructura de ingresos en el corto plazo. Las pensiones son sostenibles si hay voluntad política.
Por ejemplo, ¿las nuevas tecnologías deberían pagar impuestos?
Asociar directamente la implantación de nuevas tecnologías a un impuesto, en cierto modo, desincentiva la modernización del tejido productivo. Las nuevas tecnologías van a mejorar la productividad de las empresas y sus resultados, y ahí sí hay que mejorar sustancialmente el sistema impositivo.
Entonces, ¿considera que son las empresas las que deben pagar más?
Hay que mejorar la recaudación por el Impuesto de Sociedades. Hay que eliminar muchas de las fórmulas de elusión de impuestos y la red de bonificaciones y exenciones y que ese efecto de las nuevas tecnologías en la mejora de los resultados de las compañías repercuta en el conjunto de la sociedad. Ahí sí hay que hacer una ofensiva fiscal, pero no veo tan claro el impuesto al robot.
Se comenta que, en estos momentos, la sintonía entre las direcciones de CCOO y UGT no es la mejor. ¿Qué tal se lleva con Pepe Álvarez?
No creo que haya mala sintonía. A Álvarez le conozco poco, le he visto dos o tres veces y hemos charlado apenas unos segundos. La unidad sindical es un valor. El coste de la desunión para los trabajadores es muy alto y las contrapartes, patronal y Gobierno, saben aprovecharlo para sus intereses. La apuesta por la unidad sindical por parte de CCOO es inquebrantable.
Un vasco y un catalán van a dirigir los dos grandes sindicatos de España. Me interesa su postura respecto al referéndum en Cataluña.
Los marcos de autogobierno que se tengan que reformar en el Estado deben contar con amplios consensos y políticas plurales para encajar las distintas realidades territoriales. Hay que exigir a las fuerzas políticas altura de miras para reconducir una situación que es delicada y que no puede perder la perspectiva de cómo se está configurando el poder político en Europa, donde la federalización de ámbitos de intervención política es fundamental para contrarrestar la hegemonía de los agentes económicos. Estos espacios federales se construyen con transversalidad, con pluralidad y con voluntad de llegar a acuerdos y no a escenarios de choque de trenes.
Precisamente, ¿nos encontramos ante un choque de trenes?
No sé, pero, desde luego, pinta mal. No parece que vaya a llegar a una salida medianamente viable. Sería bueno recomponer la situación y buscar otros escenarios de diálogo político. El Gobierno de España tiene deberes. No se puede sólo abordar estos temas desde la judicialización de la acción política. Si, llegado el caso, este país tiene que replantearse su marco constitucional, tendrá que abordarlo con toda la normalidad democrática.
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