Los estibadores han dado una tregua de una semana a las empresas para que oficialicen los acuerdos firmados bajo cuerda a cambio de suspender la huelga. Tras seis días de paros y semanas de presiones, las grandes navieras (Maersk, Hutchison, Cosco, MSC) y algunas terminales catalanas decidieron desmarcarse de la posición oficial de la patronal Anesco y aceptar de forma individual las exigencias de los sindicatos para negociar el V Convenio Colectivo.
Esta maniobra ha hecho saltar por los aires la unidad aparente de la patronal, que el martes vió salir a tres empresas y ayer a otras cinco -ver página 16- con la intención de montar otra patronal y así evitar aceptar una propuesta que consideran ilegal, y ha puesto en alerta a la CNMC y al Gobierno, que en alguna ocasión ha criticado las intenciones de Coordinadora de contingentar el sector en contra de ley. Según un informe elaborado por el despacho de abogados Garrigues, a petición de la patronal, la propuesta sindical es ilegal porque limita el acceso a la profesión y la libre contratación por parte de las compañías, un punto que no ha pasado desapercibido al Ministerio de Fomento, que ya ha advertido que el acuerdo que se alcance debe respetar la ley.
"Nuestra esperanza es que consigan un acuerdo satisfactorio para todos y conforme a todo el marco jurídico que se ha aprobado y que fija un marco de libertad", aseguró el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, durante una jornada de infraestructuras organizada por elEconomista con el patrocinio de Ferrovial.
En este sentido, Gómez-Pomar ha recordado que la propia ley aprobada recoge que los convenios colectivos no pueden ir en contra del espíritu de la reforma y que la autoridad laboral, dependiente del Ministerio de Empleo, estará pendiente de la presentación del acuerdo y "hará un control de legalidad" en base a todos los preceptos de la ley de puertos, que insiste en la libertad de contratación y acceso a la profesión. "Se hará un control de legalidad del nuevo Convenio Colectivo que se firme", sentenció.
Más allá del Gobierno, la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) ha asegurado que "revisará" los acuerdos que se alcancen en el sector por si llegan a obstaculizar la libre competencia. "El tema de la estiba es objeto de especial atención en la CNMC", aseguró José María Marín Quemada.
A la espera de que se oficialice el apoyo de las empresas que quedan en Anesco a la propuesta sindical, no sería la primera vez que Competencia tendría que intervenir en un acuerdo en el sector de la estiba. Ya en 2009 tanto Coordinadora como Anesco fueron sancionadas por la CNMC por la firma de otro acuerdo que no respetaba los principios de libre competencia y al que las empresas se adhirieron bajo coacción, informaron desde la plataforma de inversores Pipe.
De momento, los acuerdos bajo cuerda no son vinculantes y las partes tienen un año para llegar a un acuerdo oficial, pero algunos empresarios aseguran que las pretensiones de los sindicatos son ilegales ya que, además de la subrogación de los empleos, los estibadores exigen tener el control de la formación y de las incorporaciones y buscan arrancar a los empresarios el compromiso de seguir formando parte de las Sageps reconvertidas y de contratar al personal a través de esas sociedades.
En este punto, no hay que olvidar que Antolín Goya, líder de Coordinadora, aseguró que su objetivo era conseguir en el Convenio "todo lo que no había conseguido meter en el Real Decreto-Ley".
A pesar de la crisis de la estiba, que ha paralizado los principales puertos en los primeros meses del año, Gómez-Pomar ha reconocido que el tráfico de mercancías ha subido un 2,4 por ciento en los cuatro primeros meses del año. El alza es inferior al registrado en el mismo periodo del año pasado pero demuestra que, en principio, los desvíos de los tráficos se quedaron en España.
En esta línea, el secretario de Estado ha recordado la apuesta del Gobierno para potenciar los puertos y la conexión ferroviaria con el objetivo de hacerlos más accesibles y potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril, que actualmente es el 4 por ciento del total. Con este objetivo sobre la mesa, Gómez-Pomar ha recordado los planes de Renfe para sanear su filial de Mercancías y encontrar un socio que le permita convertirse en una gran empresa logística.
Privatiza el AVE a Francia
Dentro del mundo ferroviario, Gómez Pomar ha hecho un repaso sobre las inversiones previstas para terminar la red de AVE en España entre 2017 y 2020 y el objetivo de liquidar TP Ferro (la compañía de ACS que explotaba la red de Alta Velocidad entre España y Francia) y conseguir sanear sus cuentas para volver a privatizarlo. "El objetivo es sacarlo al mercado, que es su sitio natural. Pero hay que hacerlo cuando mejore la cuenta de resultados y para ello es necesario que se termine el corredor mediterráneo. Tiene que ser lo más atractivo y rentable para sacarlo al mercado", aseguró Gómez-Pomar.
En cuanto a las carreteras de peaje que vencen, reiteró que volverán al Estado. Asimismo, recalcó que la colaboración público-privada para fomentar las infraestructuras "es importante" y recordó que España las ha utilizado en multitud de desarrollos. Evitó detallar cuál es el plan de Fomento para potenciar la inversión privada en la construcción y explotación de carreteras. Lo está trabajando con Seopan, patronal de las grandes constructoras.
Su presidente, Julián Núñez, quien participó en un debate con posterioridad a la intervención del secretario de Estado, abogó por "definir cuál es el modelo de financiación que queremos tener en España para la mejora de nuestras infraestructuras". A su juicio, con un nivel de recursos financieros que está 70.000 millones por debajo del de 2007, "la única alternativa que hay y que se está aplicando en todo el mundo es la colaboración público-privada". "Es la gran apuesta que debemos hacer en España", remachó. Para Núñez, "es un modelo que hace diferir el coste y la elaboración de la infraestructura en el largo plazo, es más eficiente porque incorpora en un mismo agente la financiación, la construcción, la operación y el mantenimiento de la infraestructura".
Además de establecer un nuevo sistema de financiación y trabajar en la sostenibilidad de las infraestructuras, el presidente de Seopan reclamó que se recupere el nivel de inversión pública en España, pidió un Pacto de Estado en esta área y llamó a trabajar en la mejora reputacional de las constructoras.
Google, ¿un nuevo jugador?
En la misma mesa, Alejandro de la Joya, consejero delegado de Ferrovial Agroman, hizo hincapié en los problemas que pueden encontrarse las constructoras en su salto internacional. "En España ha habido una prisa excesiva por salir al mercado de las infraestructuras internacionales a partir de 2008 pensando que las oportunidades fuera de nuestras fronteras son infinitas", señaló. Y, efectivamente, la necesidad de infraestructuras alrededor de las grandes ciudades "son mayores y hay oportunidades continuas, pero estos países tienen un problema general, que es la politización de las infraestructuras", abundó, en referencia a las 12 primeras economías. Así, "cada vez los gobiernos juegan más con las infraestructuras para su debate preelectoral, y eso hace que las consecuencias postelectorales sean que no se mantengan sistemas de inversión de una manera eficiente", subrayó
Por su parte, Jesús de Isidro, socio responsable de Infraestructuras de KPMG, destacó el papel de la digitalización en un sector que, como en banca, es "previsible la entrada de determinados players", como Google o Facebook.
