Las empresas con actividad en el tratamiento de purines -deyecciones de cerdo muy contaminantes-, como Iberdrola, Gas Natural Fenosa o Audax, han decidido recurrir ante el Tribunal Supremo su nuevo marco retributivo, publicado en el BOE el pasado sábado.
El recurso lo planteará la Asociación para el Desimpacto Ambiental de los Purines (Adap), al entender que la nueva regulación no cumple el mandato del Tribunal, que ordenó al Gobierno hace un año que dotara a las plantas de ingresos suficientes como para ejercer su labor de prevención del impacto ambiental.
Las treintena de plantas existentes -varias en liquidación- cerraron tras la reforma eléctrica, que redujo hasta un 40 por ciento los 300 millones en ayudas que percibían con el anterior régimen, anulando su rentabilidad.
Durante este tiempo, el Gobierno ha estado trabajando en la nueva regulación, pero no la ha aprobado hasta que el Supremo ha amenazado con multar al ministro Álvaro Nadal personalmente.
De 25 a 15 años
La nueva regulación plantea otorgar a las centrales 380 millones entre 2017 y 2019 y reduce su derecho a percibir las ayudas desde los 25 años hasta los 15 años, al considerar que las instalaciones -técnicamente son cogeneraciones que secan el purín- operan durante más de 8.000 horas al año, algo que solo ha ocurrido excepcionalmente.
La medida, que deja sin ingresos regulados a 18 instalaciones a final de año, fue criticada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por insuficiente justificación, contravenir el criterio normativo general de otorgar una vida útil regulatoria de 25 años a las instalaciones renovables térmicas y no ser uno de los cambios exigidos por el Supremo.
Las empresas tenían la esperanza de que el texto finalmente publicado en el BOE hubiera escuchado al regulador, pero ya estaban preparando los recursos.
El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha explicado recientemente que la reducción de la vida útil a 15 años refleja que las plantas amortizan sus activos en ese plazo y que la sentencia del Supremo únicamente exigía dotarlas de una regulación separada de la cogeneración.
