El Ministerio de Energía publicará de forma inmediata la nueva retribución para las plantas de tratamiento de purines, puesto que el Tribunal Supremo ha amenazado al titular de la cartera, Álvaro Nadal, con multarle personalmente con 1.000 euros si no lo hace antes del próximo 20 de junio.
Hasta la reforma eléctrica de 2013, un total de 33 plantas de cogeneración se dedicaban a secar purines, deyecciones de cerdo muy contaminantes en las cantidades habituales de las grandes explotaciones ganaderas. Pero la reforma redujo sus ingresos un 30% -cobraban primas por 300 millones al año- y todas las centrales cerraron.
Las empresas apelaron a la Justicia y el Tribunal Supremo les dio la razón: primero a la patronal sectorial, la Asociación para el Desimpacto Ambiental de los Purines (Adap) y después a las empresas que reclamaron. En los fallos se conmina al Ministerio a promulgar una revisión de la regulación que otorgue a las centrales la retribución suficiente como para que vuelvan a operar y eviten el impacto ambiental.
En la primera sentencia, la de Adap, con fecha del 20 de junio de 2016, la Sala Tercera del Tribunal le daba al Ministerio cuatro meses para tener aprobado el nuevo marco retributivo, a contar desde su publicación en el BOE, que se produjo un mes después.
El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía se puso a trabajar en la revisión de los parámetros retributivos de las centrales sobre los que se basan las actuales ayudas, pero con lo apretado del calendario, el Ministerio solicitó a los jueces una prórroga de dos meses, allá por el mes de noviembre, que fue concedida.
Sin noticia desde marzo
En enero entró el borrador de la normativa en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ésta emitió su preceptivo dictamen en marzo. Desde entonces las empresas han estado aguardando que el BOE publicará la legislación y se lo han reclamado sin éxito al Ministerio.
Al final, cansadas de esperar, la patronal ha pedido al Supremo que obligue a reaccionar a la Cartera dirigida por Nadal, y los jueces han vuelto a escucharles, amenazando con imponer una multa de 1.000 euros al propio ministro si no se publicaba antes del 20 de junio, justo un año después de su primera sentencia.
No es la primera vez que la amenaza de la multa personal surte efecto; ya lo hizo en enero con la revisión de los márgenes de comercialización de las grandes eléctricas cuando venden la energía a la tarifa regulada, el PVPC.
Respecto a la revisión retributiva planteada, en el borrador remitido a la CNMC se limitan las ayudas a 15 años, lo que priva de ingresos a más de la mitad de las plantas. Sus titulares entienden que contraviene el mandato del Supremo y preparan demandas.
