
El conflicto de la estiba está lejos de llegar a su fin. La patronal Anesco echó ayer un jarro de agua fría sobre el mensaje de éxito lanzado por los sindicatos el martes pasado cuando anunciaron un preacuerdo con los empresarios que garantizaba la subrogación del cien por cien de los empleos y la posibilidad de que la paz se sellara en pocas semanas. Pero nada más lejos de la realidad.
Frente al comunicado de Antolín Goya, líder de Coordinadora, que tanto sorprendió y alegró al Gobierno, la patronal ha negado cualquier tipo de acuerdo o acercamiento oficial con los trabajadores y ha asegurado que aun queda "un proceso complejo" hasta que se logre un pacto. "La asociación no ha ratificado ningún tipo de acuerdo con las organizaciones sindicales", aseguró Anesco en un comunicado.
Y es que, según explican fuentes empresariales consultadas por este diario "todavía no se ha empezado a negociar" con los representantes sindicales por lo que el mensaje lanzado por Coordinadora "se aleja totalmente de la realidad". Así, aseguran que la Comisión Paritaria que se reunió el lunes pasado "no tiene capacidad para negociar" en nombre de la patronal y ni mucho menos para asumir acuerdos. "Lo único que se hizo en ese encuentro fue establecer los temas de conversación y mostrar voluntad para negociar y pactar. No se avanzó en nada", sentencian.
En este punto, niegan haber pactado la subrogación de toda la plantilla, la conversión de las Sageps en Centros Portuarios de Empleo (CPE) o la cesión de la formación a los sindicatos. Es decir, no están a favor de ninguno de los puntos sobre los que pivota la propuesta de acuerdo final planteado por los sindicatos de la estiba. "No se puede permitir que la negociación colectiva deshaga lo logrado con el Real Decreto Ley", aseguran fuentes cercanas a la patronal. Un mensaje de choca de lleno con las declaraciones de Goya del martes cuando aseguró que iban a "conseguir en la negociación colectiva lo que no que habían logrado meter en el Real Decreto Ley". La única cesión que han hecho los trabajadores es rebajarse un 10% el sueldo y abrir la puerta al proceso de prejubilaciones y bajas incentivadas contemplado en la propuesta de acuerdo del mediador Marcos Peña y que pagará el Gobierno con 120 millones de euros.
Antes de sentarse a hablar con los representantes sindicales, la patronal quiere que Coordinadora asegure seis meses de paz en los puertos para poder negociar "sin presiones ni imposiciones". Es decir, buscan que se retiren las amenazas de huelga y los paros encubiertos que han marcado el conflicto desde febrero. Según denuncian, los estibadores ralentizan los ritmos de trabajo de forma selectiva si no les gusta como avanzan las conversaciones por lo que los empresarios no tienen libertad para plantear sus posturas. En esta línea, Goya lamentó que en los últimos días se hayan resentido los tráficos de los puertos por la inestabilidad y advirtió la situación puede seguir.
Es esta línea, PIPE, una organización empresarial formada por trece grandes empresas que a su vez forman parte de Anesco, ha solicitado que el desarrollo reglamentario del Real Decreto no esté en manos de la negociación colectiva porque no es una relación entre iguales. "Ante el riesgo de que la reforma se convierta en una mera transformación cosmética de un sistema ineficiente y que penaliza la competitividad de la economía, PIPE solicita que el desarrollo reglamentario del Real Decreto-Ley no deje en manos de la negociación colectiva toda la regulación en materia laboral, dada la demostrada situación de indefensión de los empresarios frente a los estibadores y sus medidas de presión", denuncian desde PIPE.
Las empresas busca aunar posturas
Además de buscar estabilidad en los puertos, los equipos jurídicos de las terminalistas han empezado a analizar el Real Decreto Ley para ver como enfrentarse a los cambios y analizar las oportunidades de mejora de la productividad y rentabilidad por lo que no tienen ningún tipo de interés en que se tramite de urgencia la normativa que cuelga del Decreto, tal y como ha anunciado el ministro de Fomento.
El otro frente que Anesco tiene abierto antes de empezar las negociaciones es aunar posturas. La patronal está divida de cara a las negociaciones ya que algunas empresas tienen intereses enfrentados. Por un lado, APM Algeciras quiere darle a los estibadores todo lo que pidan y está dispuesta a subrogar en las mismas condiciones al cien por cien de sus trabajadores ya que su principal objetivo es que no se pare el puerto. Para Maerks, Algeciras es un centro de coste donde realiza el transbordo de los contenedores que luego reparte por los distintos países. Es decir, es una terminal monocliente de coste con el que no gana dinero. El objetivo es que siga operativa a su máxima capacidad hasta que tenga lista la terminal automatizada de TángerMed, que tendrá el doble de capacidad que Algeciras. En ese momento, podrá trasladar parte de la carga de trabajo a Marruecos y rebajar costes. En esta línea, aunque muy de lejos, está BEST de Barcelona, que no ha sufrido las huelgas encubiertas de las últimas semanas y que logró que los estibadores mantuvieran la exclusividad para mover los coches sin matricular dentro de los puertos. Una decisión que ha sido fuertemente criticada por PIPE.
En la otra postura, la busca que la reforma no se quede en una transformación cosmética, están el resto de las terminales de APM en España, que están gestionadas por otro equipo directivo y responden a otros intereses, Boluda, Bergé, Noatum, Toro... Estas compañías buscan mejoras de la productividad y aprovechas los cambios aprobados por el Real Decreto. Ante la dificultad de llegar a un acuerdo, una parte de las compañías planteó que Anesco dejara de ser patronal y que cada terminal negociara independientemente con sus empleados. Finalmente no salió adelante. Así, las empresas se reunirán dos días en junio a ver si logran alcanzar un acuerdo.