El Supremo ha fallado que el Gobierno debe subirles la retribución, pero quedan muchos flecos que se solventarán en los tribunales
El Ministerio de Energía debería tener aprobada una nueva regulación parar las plantas de tratamiento de purines, deyecciones porcinas muy contaminantes en proporciones industriales; el Supremo le dio de plazo cuatro meses en junio del año pasado -luego lo prorrogó dos más- después de que perdiera el único pleito nacional hasta la fecha derivado de la reforma eléctrica. Entonces, en 2013, redujo las ayudas a la producción eléctrica de las 33 plantas existentes -unos 300 millones de euros al año- en un 30% y todas cerraron.
Según los jueces, esas centrales evitan un serio impacto ambiental -hay zonas en las que el agua no es potable- y deben cobrar lo suficiente para rentabilizar el secado del purín. Atendiendo a este mandato, el Ministerio ha elaborado una norma que les otorga ayudas por 380 millones entre este 2017 y 2019, pero aún no se ha aprobado y, además, les reduce el derecho de cobrarlas de 25 a 15 años, lo que priva de ellas a las 11 instalaciones más antiguas y a otras siete cuando acabe el año.
A finales del pasado ejercicio, tras conocerse la sentencia, han vuelto a operar varias centrales, cinco de Iberdrola, una de Audax y otra de Eamsa. Alguna más podría hacerlo, como dos de una cooperativa agraria de Lleida o las de Gas Natural Fenosa, pero están en concurso dos de Sener, otra de Ros Roca y otra de Abantia, y en liquidación tres de EDP, una de Abengoa y varias más de Guascor.
Las empresas están relativamente satisfechas con la sentencia, porque evita que tengan que devolver a la caja eléctrica cerca de 80 millones cobrados a cuenta antes de conocerse las condiciones de la reforma, pero no ven nada claro el futuro de su actividad y vislumbran un horizonte de pleito tras pleito con el Gobierno: varias estudian reclamar daños y perjuicios por los tres años largos de inactividad y el deterioro de los activos, y en la patronal, Adap, se habla de presentar otro recurso al Supremo, puesto que el recorte del plazo de recepción de las ayudas atenta contra su sentencia, que exigía que funcionasen para evitar el impacto ambiental.
