EY, el auditor de Mercamadrid, ha puesto en duda las últimas cuentas publicadas por la empresa debido a un fondo que no está suficientemente justificado por importe de 7,299 millones de euros. La sociedad que gestiona el mercado central de la capital está participada por el Ayuntamiento de Madrid, con un 51,13% del capital; la sociedad pública Mercasa, que tiene otro 48,63% y por distintos gremios, que suman un paquete minoritario del 0,24%.
El auditor explica que Mercamadrid estuvo haciendo hasta el 31 de diciembre de 2007 dotaciones anuales a este fondo, denominado hasta entonces de reversión, "para llevar a cabo el reembolso del capital social no municipal al final de la vida de la sociedad".
Sin embargo, EY pone una salvedad a las cuentas porque "en el transcurso de nuestro trabajo no hemos tenido acceso a la información que permita aclarar la falta de definición de este asunto entre las partes implicadas". En consecuencia, según dice, "no hemos podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar la razonabilidad del fondo constituido al 31 de diciembre de 2015". Como tampoco si el importe al que figura ahora registrado debe ser ajustado "así como si todas sus consecuencias han sido adecuadamente consideradas y desglosadas en las cuentas anuales adjuntas".
El problema además es que esta no es la primera advertencia que hace el auditor en este sentido, ya que la salvedad se ha ido repitiendo año tras año sin que Mercamadrid lo haya aclarado. Desde la compañía han explicado, sin embargo, a elEconomista que el Reglamento de Servicios de las corporaciones locales obliga a realizar una dotación para devolver a la parte no municipal del capital el valor de su participación al final de la vida útil de la sociedad, que en el caso de Mercamadrid será en 2032.
"En nuestro caso se ha dotado un porcentaje sobre el valor patrimonial estimado para ese ejercicio, cuando se cumplan 50 años desde la constitución de la empresa, pero es imposible saber de forma exacta cuánto valdrá la participación en ese momento de Mercasa y esa es razón por la que el auditor pone la salvedad", aseguran estas fuentes. De hecho, en Mercamadrid recuerdan que en 2008 KPMG ponía ya una salvedad similar y que en 2016, a falta de que las cuentas sean aprobadas por la junta general, el nuevo auditor Grant Thornton, ha hecho lo mismo.
Problema judicial
Este no es, sin embargo, el único problema al que enfrenta Mercamadrid. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid imputó el pasado 10 de mayo a la actual delegada de Gobierno en Madrid y expresidenta de la empersa, Concepción Dancausa, así como a la cúpula directiva de la compañía en el año 2013 -en total, 16 investigados-, acusada de un presunto delito societario.
La investigación sobre Mercamadrid comenzó a raíz de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Provincial de Madrid a finales del pasado abril en el que apuntaban que los responsables de Mercamadrid habrían permitido un perjuicio para la empresa que ascendería en torno a 3 millones. El caso se remonta al año 2001, fecha en la que Mercamadrid convocó un concurso para adjudicar los derechos de construcción y explotación para dos superficies, una para la instalación de un hotel, y otra para un restaurante. La firma Konin 22 ganó la adjudicación, aunque a los dos años cedió ambos derechos a la empresa Merca Ocio Hoteles 22. Ésta segunda empresa dejó de pagar en 2010 el canon que le correspondía por una de las dos superficies (la del restaurante) al considerar que era imposible explotar el negocio. Mercamadrid emprendió entonces acciones judiciales contra Merca Ocio reclamándole el dinero.
Indemnización
A la par, la firma adjudicataria pidió una indemnización de 8 millones de euros a Mercamadrid por daños y perjuicios. Finalmente, en 2013, la firma pública aprobó en consejo de administración alcanzar un acuerdo con la adjudicataria para evitar llegar a juicio. La Fiscalía denuncia que este acuerdo entre las dos empresas, permitió a Merca Ocio un enriquecimiento ilícito, a la par que Mercamadrid no ingresó los 698.000 euros que le correspondía por el canon de la superficie y, además, asumió pagar en torno a 600.000 euros al año a Merca Ocio hasta 2032, de modo que ésta última firma habría recibido hasta octubre del pasado año unos 2,25 millones de euros.
Entre los investigados está el actual director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Enrique Núñez (ocupó la presidencia de Mercamadrid entre abril y septiembre de 2015); el hermano del expresidente madrileño Ignacio González, Pablo González, consejero de la empresa e imputado en el caso Lezo; y María Jesús Prieto, también encausada en Lezo por los presuntos sobornos que pagó Mercasa y consejera de Mercamadrid. Terminan la lista José Manuel Torrecilla, exdirector general de Mercamadrid; María Dolores Flores, exvicepresidenta primera de la firma; Fernando Gomar, secretario general de Mercamadrid; José Antonio Crespo, también consejero; y el administrador y apoderado de Merca Ocio 22, respectivamente, José Domingo Rodríguez y Juan María López. Los exvocales imputados son Manuel Beltrán, Pablo J. M. del Amo, Silvia Llerena, Marta Fernández-Pirla, José Ignacio Ortega y Manuel Troitiño Pelaz.
Dancausa se quejó el pasado jueves de que no se corten las filtraciones en los casos judiciales. En su opinión "hay una falta de respeto enorme" sobre la presunción de inocencia, "que es básica en el Estado de Derecho".
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