La Fiscalía de Vizcaya archivó en febrero de 2016 una denuncia contra Iberdrola por la presunta manipulación de los precios del mercado mayorista en diciembre de 2013. Así infló Iberdrola los precios de la electricidad en 2013, según la Fiscalía.
La asociación de consumidores Facua presentó en diciembre de 2015, justo después de conocerse la sanción de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia a la eléctrica, una solicitud ante la Fiscalía General del Estado en la que reclamaba que se investigase si la compañía había cometido un delito contra el mercado y los consumidores, el mismo del que le acusa ahora Anticorrupción.
La denuncia de la asociación fue derivada entonces a la Fiscalía de Vizcaya, que en febrero de 2016 comunicó a Facua que había decidido archivar la denuncia, con el argumento de que "la disminución en la producción (hidráulica) no va acompañada de una retirada del mercado del producto a suministrar, sino del medio o fuente de energía del que se obtiene, lo que no significa detraer, sino sustituir o reemplazar para lograr la alteración del precio, que no constituye la acción típica exigida por el precepto penal".
La petición de Facua se apoyaba en el expediente de la CNMC que determinó que la eléctrica había alterado fraudulentamente el mercado a través de una disminución de la producción hidráulica, lo que provocó un incremento en el precio de las ofertas de las centrales hidráulicas de los ríos Duero, Sil y Tajo y decidió imponerle una multa de 25 millones de euros.
Recurso en la Audiencia
Iberdrola interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la sanción de la CNMC, que todavía está pendiente de ser resuelto. No obstante, la Audiencia Nacional decidió, a mediados de marzo de ese año, suspender cautelarmente el pago de la sanción impuesta por el organismo en tanto en cuanto no se resolviese el fondo de la cuestión.
La eléctrica siempre ha asegurado en las alegaciones presentadas ante la CNMC que se encontraba en posición compradora de electricidad con lo que no podría haber obtenido ningún rédito de la manipulación de precios. Iberdrola asegura que nunca hubo intención de alterar el precio de la electricidad, sino que, durante todo el periodo analizado, actuó siempre como un gestor prudente y razonable de las centrales hidroeléctricas investigadas, lo que además ha probado mediante la presentación de informes de expertos cualificados independientes.
Por otro lado, la Audiencia Nacional ya anuló, el 4 de julio de 2012, la única sanción (de 2,4 millones de euros) impuesta a Iberdrola por un caso similar.
La anulación se basó en la falta de prueba de los elementos que requiere la infracción. Aplicando la doctrina sentada en esta sentencia, el 10 de julio de 2014, la Sala de Supervisión Regulatoria de la propia CNMC archivó sin imposición de sanción alguna el expediente sancionador 40/2013, para el que la Dirección de Energía proponía una sanción de 2 millones de euros con arreglo al mismo tipo sancionador por las ofertas presentadas al mercado por la central de Guardo 1 en los años 2011 y 2012.
25 millones de euros
Es la sanción que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia impuso a la eléctrica a finales de noviembre de 2015 por haber manipulado el mercado eléctrico, un extremo que se consideraba una falta grave en la ley eléctrica.
Iberdrola recurrió la decisión ante la Audiencia Nacional, donde ahora se ha recibido esta causa, que sigue por el momento sin pronunciarse sobre la misma después de casi un año.
