¡Ser, o no ser, es la cuestión! El próximo miércoles 26 de abril el futuro de la central nuclear de Garoña estará sobre la mesa del consejo de administración de Nuclenor, la sociedad de Endesa e Iberdrola propietaria de la central.
Por un lado, se podrá optar por aprobar el desmantelamiento de la central, lo que supondría un coste para ambas empresas del orden de 100 millones de euros más cerca de 500 millones adicionales que tendría que asumir Enresa. Y, por otro, está la opción de reabrirla. Según los informes que ha preparado la compañía, adelantados por elEconomista, la central requeriría unas inversiones de 205 millones de euros y en ningún caso se podría arrancar la planta antes de enero de 2019.
Por ese motivo, tal y como ya han informado ambas empresas al ministro de Energía, Álvaro Nadal, aprovechando las consultas que está realizando, la central parece irremediablemente abocada a su cierre a no ser que el Gobierno ponga sobre la mesa algún incentivo que cambie los fundamentales económicos (más años de vida o menos impuestos).
Con este escenario, las espadas para la reunión del miércoles están en alto. Iberdrola apuesta por el desmantelamiento, mientras que Endesa -aunque conforme con el diagnóstico- propone que no se tome una decisión de cierre hasta que el Gobierno se pronuncie en agosto.
Otros 30 millones
Esperar hasta la canícula veraniega costaría otros 30 millones de euros (a razón de 5 millones mensuales) a ambas eléctricas, lo que puede acabar derivando en un bloqueo del consejo que lleve el asunto a los tribunales o incluso planteándose una opción de venta de la participación.
La relación entre ambas eléctricas no atraviesa el mejor momento. En Endesa no sentó bien que Ignacio Galán aprovechara su junta en Bilbao para reivindicar el cierre de Garoña, pero previamente, el presidente de Iberdrola había comunicado por burofax su intención en la reunión de Nuclenor planteada para el 6 de abril e incluso en el consejo de marzo del año anterior.
La fecha elegida finalmente para el consejo clave de Nuclenor resulta además delicada, ya que el encuentro se producirá el mismo día de la junta de Endesa y de los resultados trimestrales de Iberdrola.
Iberdrola está cansada ya de unas pérdidas que ascienden a 330 millones desde que se decidió cerrar la planta burgalesa en 2012 y por ese motivo apoya el cierre. Una posición que además acaba de respaldar Gas Natural Fenosa en su junta de accionistas esta pasada semana y que sirve como aviso a navegantes para las próximas renovaciones de licencias que tienen que pedirse antes de julio.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, tiene previsto esperar para abrir el periodo de consultas, ya que existen apenas 15 días para presentar alegaciones y quería estar seguro de que todas las partes contaban con la información necesaria.
Entre los principales problemas con los que se topan ambas empresas figuran también los diferentes plazos de amortización. Mientras Iberdrola tiene amortizada Garoña a 40 años, Endesa amplió la amortización a 50 años en octubre de 2014 aprovechando su OPV, lo que le permitió mejorar sus resultados y las previsiones para los siguientes años.
La eléctrica participada por la italiana Enel cuenta a su favor con el informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear, un extremo que debería ser suficiente para que el auditor le permita mantener estos años de amortización sin ningun quebranto económico más allá del que pudiera llegar a ocasionar el desmantelamiento anticipado de Garoña.
Las eléctricas se resistieron durante meses a realizar unas inversiones que el CSN consideraba necesarias para dar este importante permiso, pero finalmente el organismo cambio de opinión y autorizó la reapertura sin la necesidad de acometerlas y facilitó este apunte contable. Endesa e Iberdrola no querían destinar ni un solo euro más hasta saber la decisión del Gobierno, pero también hasta tener una visibilidad sobre la situación política.
Las eléctricas quieren que se plantee un debate abierto sobre el futuro energético español antes de tomar unas decisiones de inversión importantes que podrían revertirse en el futuro.
El cierre de las centrales nucleares puede provocar un fuerte aumento del precio de la electricidad, pero también reduce las emisiones libres de CO2. Por ese motivo, las eléctricas piden tiempo para decidir sobre el resto de centrales y visibilidad antes de tomar decisiones.
Zorita, en el año 2019
El pasado 11 de febrero se cumplió el séptimo aniversario de la transferencia de la central nuclear José Cabrera de manos de Gas Natural Fenosa a Enresa para comenzar su desmantelamiento. Esta central fue la primera nuclear que funcionó en España, desde el año 1968 hasta el 30 de abril de 2006. La instalación se comenzó a construir en julio de 1965 y tenía una potencia instalada de 160 MW. Su desmantelamiento está previsto que finalice en 2019. El desmantelamiento de José Cabrera es el primero de Nivel 3, según la clasificación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que se realiza en España y uno de los primeros en Europa.
El Plan de Desmantelamiento y Clausura que Enresa aplica esta central se divide en dos fases: la primera relativa al Almacén Temporal Individualizado (ATI) y la gestión del combustible gastado, que se desarrolló entre 2006 y 2009, y una segunda fase, de 2010 a 2019, ya con la figura de Enresa como explotador responsable de la instalación, en la que se iniciaron los trabajos de desmontaje y descontaminación, que incluyen la retirada del reactor y la rehabilitación final del emplazamiento.
