Su presidente, José Folgado, reclama que Hacienda y la Femp establezcan criterios de seguridad jurídica y fiscal.
José Folgado, presidente de REE, reclamó ayer al Ministerio de Hacienda y a la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) que establezcan "criterios de seguridad jurídica y fiscal" a la hora de aplicar los tributos locales sobre las redes eléctricas por la utilización del dominio público, que consideró "un coste más que tendrá que reconocerse".
El Tribunal Supremo ha sentenciado que los ayuntamientos pueden gravar dichas infraestructuras con un cálculo que sobrepasa el valor catastral de los terrenos, pero no hay un criterio definido para establecer el gravamen.
Juan Lasala, consejero delegado de la firma, especificó que tendría que fijarse un baremo, puesto que algunas de las peticiones eran "estrafalarias, totalmente fuera de orden" y que la carga tributaria debería reconocerse como un coste más del sistema eléctrico, tal y como ya se hace en el caso de las redes de distribución, e igualmente repercutirse a los consumidores en el recibo mensual.
Lasala añadió que la compañía ha recurrido todos los fallos judiciales al respecto y ha depositado los correspondientes avales, pero no ha tenido que pagar nada hasta ahora. Su estimación sobre la posible incidencia económica, en todo caso, es inferior a los 30 millones de euros por cerca de 4.000 kilómetros de líneas.