El presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, ha esperado 40 días para determinar que "no es posible" alcanzar un acuerdo global para la reforma de la estiba. Ante la imposibilidad de que las tres partes (patronal, sindicatos y Gobierno) encontraran un punto en común, Peña ha presentado una propuesta que recoge el grueso del acuerdo presentado el miércoles por Anesco y Coordinadora, el plan de prejubilaciones planteado por el Gobierno y la idea de que el Ejecutivo regule la subrogación de los estibadores aunque no lo haga por ley, tal y como exigían los estibadores. Un extremo que el Gobierno ya ha aceptado aunque no era su plan inicial. "El Gobierno anuncia que estaría dispuesto a elaborar un reglamento para incluir el contenido de la mediación", asegura Fomento en una nota de prensa.
El documento de 16 páginas presentado por Marcos Peña, el mediador, propone mantener el empleo en la estiba "con un instrumento legal que el Gobierno estime suficiente", lo cual implicaría establecer una regulación dentro de la norma transitoria que se debe elaborar para liberalizar el sector en los próximos tres años, tal y como recoge la sentencia del Tribunal de Justicia. Esto evita al Ejecutivo tener que incluir en el Real Decreto de la estiba un mecanismo que blinde por ley los trabajos actuales. "La aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE exige una normativa transitoria. En dicha normativa, conscientes de que se mantiene la continuidad de la actividad, se debe garantizar la continuidad del empleo", recoge el documento de Peña que posteriormente añade: "la nueva normativa ?en la forma jurídica que el Gobierno considere suficiente? configurará una situación de continuidad en la actividad empresarial de puesta a disposición de trabajadores portuarios. La formulación legal del principio de subrogación empresarial se complementará y articulará con fórmulas de subrogación convencional".
La propuesta de mediación se manifiesta de esta forma sobre la que constituye la principal reivindicación de los sindicatos y principal escollo de la negociación, el mantenimiento del empleo y una fórmula para garantizarlo.
"El ropaje jurídico que cubre esta Mediación sirve para armar sus aspectos esenciales, que consisten en: mantener el empleo con el instrumento legal que se considere suficiente, contribuir a la mejora organizativa del sector respetando la legalidad vigente y comprometer la ayuda del Gobierno para minimizar el daño", concluye el documento. En este punto, Fomento ha remarcado que uno de sus puntos principales, la subrogación por ley de los trabajadores "no es posible".
Más allá de la regulación de la subrogación, el documento incluye las distintas medidas orientadas a la mejora en la productividad y competitividad de los puertos, como la reducción de un 10% de la masa salarial o la reorganización de las manos de trabajo en aquellos enclaves en los que sea necesario, acordadas por empresa y sindicatos, aunque no la idea de que el Ejecutivo se encargase de pagar el sobrecoste que le supondría a las empresas mantener a un trabajador en las condiciones actuales en comparación con uno nuevo. El Ejecutivo ha asegurado en un comunicado que dicha propuesta, unido al plan de prejubilaciones planteado, supondría una factura de más de 2.400 millones al erario público.
En cuanto a las prejubilaciones, el mediador a elegido la propuesta de Fomento que contempla pagar el 70% del sueldo de los últimos seis meses. Un plan, que según los calculos del Gobierno, costará unos 120 millones de euros. Los sindicatos pedían el 80% del sueldo.
El resto de las partes tienen hasta el 4 de abril para responder si aceptan o no la propuesta del mediador.
