La Comisión Europea ha lanzado una profunda reforma de las autoridades de competencia. Bruselas propone dar más poder a las autoridades nacionales y exige que cuenten con los recursos financieros y humanos necesarios para realizar su trabajo.
Para ello, la Comisión quiere que las autoridades nacionales dispongan de las prerrogativas necesarias para recabar todas las pruebas pertinentes, tales como el derecho a acceder al contenido de teléfonos móviles, ordenadores portátiles y tabletas. Además, propone que dispongan de los instrumentos adecuados para imponer sanciones proporcionadas y disuasorias en caso de infracción.
La propuesta contiene normas sobre la responsabilidad de las empresas matrices y la sucesión, de modo que las empresas no puedan eludir las multas amparándose en una reestructuración. Las autoridades nacionales podrán asimismo imponer el pago de multas a las empresas infractoras que no tienen una presencia legal en su territorio, una disposición importante, ya que cada vez es mayor el número de empresas que operan a escala internacional.
Además, Bruselas pretende que se coordinen los programas de clemencia que animen a las empresas a presentar pruebas de carteles ilegales. Esto aumentará los incentivos para que las empresas participen en los programas de clemencia e informen de su participación en un cartel. El objetivo es garantizar que, al aplicar la misma base jurídica, estas autoridades dispongan de instrumentos de ejecución adecuados, a fin de alcanzar un verdadero espacio común de aplicación de la normativa de competencia.
El lugar del mercado único donde tenga la sede una empresa no debería importar a la hora de aplicar las normas de competencia. Al garantizar que las autoridades nacionales puedan actuar eficazmente, la propuesta de la Comisión pretende contribuir a alcanzar el objetivo de un auténtico mercado único.
La propuesta de nueva normativa adopta la forma de Directiva, lo que permite respetar las especificidades nacionales. Ahora la Directiva será transmitida al Parlamento Europeo y al Consejo para su adopción. Una vez adoptada, los Estados deberán incorporarla a su ordenamiento jurídico.
"Las normas de competencia de la UE mejoran el funcionamiento de los mercados, y las autoridades de competencia de los Estados miembros y la Comisión colaboran con este objetivo. Por eso queremos que todas las autoridades nacionales de competencia puedan tomar decisiones de forma totalmente independiente y que dispongan de instrumentos eficaces para poner fin a las infracciones y para sancionarlas, ya que un mercado único que funciona correctamente beneficia a los consumidores y a las empresas de Europa", declaró la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.
