
La Fiscalía Anticorrupción reclama 16 años de prisión para seis hijos del empresario José María Ruiz Mateos en el caso Nueva Rumasa. Acusa a los hermanos Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos de delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. El Ministerio Público llega a acusar hasta quince personas y señala a nueve imputados más como partícipes a título lucrativo.
Según su escrito de acusación, hecho público este martes, durante el periodo comprendido entre 2009 y 2011 los acusados, junto con el patriarca José María Ruiz-Mateos, ya fallecido, idearon un sistema de financiación del Grupo Nueva Rumasa de naturaleza piramidal consistente en captar fondos del público bajo la forma de préstamos retribuidos con altos intereses, cuya devolución se garantizaba mediante pagarés y otros efectos emitidos y avalados por sociedades del Grupo.
Estas inversiones se publicitaban en los medios de comunicación con un gran despliegue de información visual, ocultando siempre a los inversores la verdadera situación económica de todo el grupo empresarial, que era ya incapaz de hacer frente al cumplimiento regular de sus obligaciones, agrega la Fiscalía.
En realidad, la mayor parte de los fondos captados del público en todo el territorio nacional fueron redirigidos a una caja única en una sucursal del Banco Etcheverría en Madrid de la que los acusados disponían en función de las necesidades del holding empresarial, incluidos los cuantiosos gastos de índole personal del clan familiar, asegura el escrito.
El Ministerio Público acusa también en esta causa a los también miembros de la familia, Zoilo Pazos y Alfonso Barón. Incluye a otros trabajadores y colaboradores del Grupo Nueva Rumasa entre los que se encuentran Manuel Sánchez, con despacho profesional en Madrid, y José Ramón Romero, Rufino Romero y Ricardo Álvarez, afincados en Jerez de la Frontera.
Más de 4.100 afectados
Según la Fiscalía, El número total de inversores que adquirieron pagarés u otros efectos del Grupo Nueva Rumasa no se conoce con exactitud, "pues existían algunas inversiones opacas, pero, según sus propios responsables, en el período que se dirá se captaron fondos de, al menos, 4.110 personas".
El holding de los Ruiz Mateos reconoce que captaron 337 millones. La investigación ha acreditado al menos 243 millones procedentes de los adquirentes de pagarés entre los meses de febrero de 2009 y febrero de 2011.
Teniendo en cuenta las altas rentabilidades que ofrecían los Ruiz Mateos, los intereses a devolver ascendían a 48 millones. Para hacer frente a esos compromisos de pago, según la Fiscalía, "sabedores de que sería de todo punto imposible su abono, emitieron sucesivamente pagarés a nombre de 13 sociedades del Grupo Nuevo Rumasa por un importe total de 385 millones, de los que solo llegaron a abonarse 96 millones, quedando sin pagar a los inversores 289 millones. Ocho de esas sociedades emisoras jamás llegaron a pagar a sus inversores cantidad alguna".
El Grupo estableció una red de comerciales en todo el territorio nacional y diversas oficinas comerciales entre las que destacaba la oficina sita en la Avenida Pablo Iglesias de Madrid, si bien muchos de los clientes fueron captados en el despacho profesional del acusado Manuel Sánchez Marín en la calle Diego de León de la capital. La Fiscalía pide para el abogado de la familia doce años de cárcel por estafa y blanqueo de capitales.
Fondos destinados a casa y coches
Los fondos captados por Nueva Rumasa de forma ilícita se destinaron en parte a la compra de bienes de la familia Ruiz Mateos, entre ellos vehículos e inmuebles. Los hijos varones del empresario fallecido dispusieron en su beneficio 82,4 millones de euros y destinaron un millón a financiar estos gastos a los que se añaden 300.000 euros que se transfirieron a sociedades de la familia, detalla la Fiscalía Anticorrupción en su escrito provisional de acusación.
Entre los destinatarios de fondos captados por los inversores se encuentra, además, la sociedad Psicoclinic, dedicada al tratamiento psicológico de problemas como la adicción, describe el fiscal, que agrega que la empresa solía captar fondos en dos oficinas situadas en Madrid y una en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera.
Esta última era identificada por los usuarios como "el banquito de Jerez" y durante los años 2009 a 2011 "se dedicó a captar fondos bajo la forma de préstamos retribuidos con nun interés del 9 ó 10%", explica el fiscal.
Todo el entramado se sustentaba en una falsa idea de solvencia de las sociedades del grupo, más de un centenar, que la familia Ruiz Mateos publicitaba junto a fotografías de decenas de naves, bodegas, establecimientos hoteleros... logrando captar, a través de la venta de pagarés, 337,3 millones de euros.
Los fondos se destinaban a una caja común desde la que luego se redistribuían, situada en una sucursal del Banco Etcheverría y a nombre de una sociedad. Nueva Rumasa disponía en la entidad de otros 130 depósitos en los que se han detectado miles de operaciones consecutivas y prácticamente diarias de retiradas y depósitos de efectivo.
En cuanto a los inmuebles adquiridos o sufragados, el escrito detalla que se destinaron más de 30.000 euros a gastos de la denominada 'Casa del Patriciado' y otros 190.000 a amotizar préstamos. Algo similar sucedió con la finca de Resada, los inmuebles Gentílicos y una vivienda llamada 'Interestelar'. Los acusados adquirieron también una vivienda y un punto de atraque en Sotogrande.