Madrid, 6 oct (EFECOM).- La Audiencia Nacional excluyó hoy del juicio por el supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino textil al ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) Nicolás López de Coca y comenzó a escuchar las declaraciones de los otros 18 acusados.
López de Coca, para quien la Fiscalía Anticorrupción pedía un año de prisión por tráfico de influencias, ha sido apartado del juicio después de que el tribunal considerara que su caso no tiene conexión con el de los otros procesados y que el delito del que estaba acusado no es competencia de la Audiencia Nacional, por lo que deberá ser enjuiciado por otro órgano.
La Fiscalía sostenía que el ex director general del FEGA, "movido por el solo propósito de favorecer a sus familiares y (...) sirviéndose de su cargo", llamó en enero de 1999 al entonces consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, para convencerle de que no aplicara una normativa que regulaba la concesión de pagos compensatorios a los productores de lino textil.
La norma excluía del pago a "aquellos titulares de parcelas que ya hubieren estado sembradas con semilla de lino textil en la campaña anterior y que por ello hubieran obtenido subvenciones", lo que perjudicaba a dos de los hijos de López de Coca, Enrique e Ismael, quienes, según el fiscal, "poseían 200 hectáreas de tierras arrendadas con el único fin de obtener ayudas comunitarias".
Tras conocer la decisión de la Audiencia Nacional, López de Coca manifestó a los periodistas que se sentía "satisfecho" y vaticinó que el caso perderá ahora todo el interés para los medios porque "fuera de mí no hay nada y se han quedado sin muñeco".
Por otra parte, el tribunal rechazó el resto de las cuestiones previas planteadas por las defensas y confirmó la competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar a los otros 18 acusados al considerar que el caso puede ser considerado una defraudación con grave repercusión en la economía nacional.
Según la sala, aunque en un principio el fraude parecía ser más amplio de lo que resultó finalmente, cuando la Unión Europea (UE) sancionó a España con la pérdida de 113 millones de euros en ayudas agrícolas habló de "fraude generalizado" y hubo un importante perjuicio para los agricultores que no percibieron esas ayudas.
Una vez resueltas las cuestiones previas, el tribunal comenzó a escuchar las declaraciones de los acusados, comenzando por Gonzalo Ruiz Paz, quien responsabilizó de su situación a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la que dijo que actuó "con mala fe" para "justificar una serie de irregularidades".
Ruiz Paz, ex director financiero de MERCASA, era administrador, junto con sus hermanos, de la empresa transformadora Compañía Linera del Centro, S.L. (COLINO), de Guadalajara, de la que dijo que todavía existe pero desde el año 2000 su única actividad es defenderse en los tribunales.
El fiscal anticorrupción, Juan Pavía, pide para Gonzalo y para su hermano Enrique tres años de prisión y diez meses de multa, a razón de una cuota diaria de 100 euros, (en total, 30.000 euros) por un delito continuado de falsedad.
En el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, el fiscal afirmaba que "los administradores de COLINO S.L. formalizaron contratos de transformación con agricultores, de los que derivaron otras tantas certificaciones encaminadas al mismo fin de obtener un ilícito beneficio patrimonial".
Ruiz Paz explicó que el agricultor es perfectamente libre de, en función de las tierras que tiene, ver qué siembra, y añadió que el agricultor no tiene porqué pedir autorización para transformar varilla a lino ni para recibir ayudas comunitarias, pero sí tiene que comprometerse a transformarla, bien por su cuenta o acudiendo a empresas transformadoras especializadas como la suya.
El juicio continuará el jueves 19 con la declaración de más acusados en el pabellón del recinto de la Casa de Campo donde ya tuvo lugar el juicio a los presuntos miembros de una célula de Al Qaeda desarticulada en España tras el 11-S, y en el que actualmente se desarrolla el proceso a 53 acusado de pertenecer a organizaciones del entorno de ETA. EFECOM
lga/fv
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