Garoña podría volver a generar electricidad en un año. Es el tiempo que sus propietarias, Endesa e Iberdrola, precisan para acometer las inversiones en seguridad que les exige el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el cual deberá comprobar que las obras se han ejecutado correctamente antes de que la planta se ponga en marcha.
Garoña no ha ejecutado todas las modificaciones de diseño que le reclama el CSN para volver a funcionar. Ya en marzo de 2015 el Organismo remitió una carta a Nuclenor, la sociedad que gestiona la central, en la que le conminaba a ceñirse al calendario previsto para las obras, que acumulaba retraso tras retraso, indicándole que adaptar la central era una condición necesaria para que emitiese el informe sobre el que el Gobierno debe decidir si autoriza la reapertura, denominado Propuesta de Dictamen Técnico (PDT).
Pero Nuclenor no terminaba de invertir en dichas modificaciones porque el sistema español de renovación de licencias para las centrales nucleares únicamente contemplaba períodos de 10 años y en ese plazo no iban a poder amortizar el gasto de capital. Además, a diferencia de las otras renovaciones anteriores de la licencia decenal, tampoco tenía garantizado que se le fuera a autorizar la puesta en marcha, puesto que la planta ya había superado los 40 años de vida previstos originalmente, que también es el plazo contemplado para el tratamiento de los residuos.
La inversión se paraliza
La situación llegó a un punto crítico el verano pasado: las inversiones prácticamente se paralizaron e Iberdrola anunció a los sindicatos que la central se iba a cerrar, algo que no sentó muy bien en Endesa; la primera amortiza sus activos nucleares a 40 años mientras que la segunda los amortiza a 50 años y, lógicamente, tiene más interés en prolongar su vida útil. Endesa e Iberdrola tendrán que invertir 170 millones para reabrir Garoña.
Estando así las cosas, el Pleno del CSN ha cambiado sus criterios para dar una salida a la situación:
Por un lado, ha decidido emitir una PDT favorable, pero con 10 condiciones, ocho habituales en este tipo de documentos y dos extraordinarias, que se resumen en que Garoña haya acometido las modificaciones de diseño exigidas -incluidas las establecidas tras el accidente de Fukushima- antes de recargar el combustible nuclear. No a otra cosa estaba obligado, a pesar de haber considerado antes que concluir algunas de esas obras era una condición previa.
Y por otro lado, ha resuelto no establecer un límite temporal a las revisiones periódicas de seguridad que acomete el Organismo, que habitualmente se hacían cada 10 años, coincidiendo con el período de validez de las licencias de operación que otorga el Ministerio. Gracias a este cambio, la cartera dirigida por Álvaro Nadal podrá, si lo desea, otorgar una licencia hasta los 60 años, tal y como piden Endesa e Iberdrola para poder amortizar las inversiones.
Esos dos cambios han llevado a la consejera Cristina Narbona a ser el único de los cinco miembros del Pleno del CSN que ha votado contra de la emisión de la PDT condicionada. Los otros cuatro no están de acuerdo con ella.
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