El Gobierno tiene que restituir alrededor de 500 millones de euros a las empresas eléctricas porque han estado financiando indebidamente el bono social desde noviembre de 2014. La devolución de esa cantidad obligará a subir la luz, puesto que generará el déficit suficiente como para activar el mecanismo de corrección automático previsto en la legislación. En paralelo, el precio mayorista de la electricidad marca su máximo en tres años.
Entre el 2000 y el 2013, los diferentes gobiernos se negaron a ajustar los ingresos del sistema eléctrico a sus costes, provocando un déficit de tarifa que desembocó en un monumental endeudamiento de unos 30.000 millones.
La actual Ley 24/2013 del sector eléctrico estableció un blindaje para que no volviera a producirse una situación semejante: cualquier norma que suponga un incremento de coste o una reducción de ingresos deberá incorporar una reducción o un incremento equivalente de otras partidas para asegurar el equilibrio del sistema.
Además, se limitó el déficit anual en que puede incurrir el sistema al 2 por ciento de los ingresos estimados para ese ejercicio; si se supera, hay que revisar los peajes o cargos para que desaparezca. Pues bien, el Tribunal Supremo ha ordenado que se restituya a 23 empresas eléctricas los cerca de 500 millones de euros que han aportado para financiar el bono social, más los intereses que correspondan.
Dos meses para pagar
El pasado 14 de diciembre el Tribunal rechazó el recurso del Gobierno a su decisión y, desde esa fecha, éste tiene dos meses para abonar voluntariamente las cantidades que deba recibir a cada compañía. Después éstas se pueden reclamar el abono a los jueces.
Cuando en 2012 el Supremo canceló por primera vez la financiación del bono social y ordenó que se restituyera a las empresas los 275 millones que habían aportado, éstos se cargaron sobre los peajes eléctricos, la parte regulada del recibo.
Para este 2017 el Ministerio de Energía ha calculado un pequeño superávit en el sistema eléctrico de 9,3 millones, que desaparecerá si tiene que afrontar el pago de los 500 millones. Además, como los ingresos previstos para el sistema son de 17.899 millones, el déficit en que se incurrirá es del 2,79%, suficiente para activar el mecanismo automático de la legislación.
Si eso no fuera suficiente, el Ministerio tampoco ha considerado entre los costes eléctricos la retribución que debe otorgar a las plantas de purines -también en respuesta de una sentencia del Supremo-, que rondará los 200 millones. En conjunto, por lo tanto, en el sistema recalarán unos 700 millones no considerados, que deberían obligar a subir los peajes y, por lo tanto, el recibo del consumidor.
