Desde que la instalación paró en diciembre de 2012 han gastado más de 300 millones sin fruto. El Consejo de Seguridad Nuclear exige una serie de modificaciones, que las eléctricas no ejecutan.
Endesa e Iberdrola, propietarias de la central nuclear de Santa María de Garoña, no están invirtiendo en la planta para adaptarla a las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Éste requiere que se ejecuten una serie de modificaciones de diseño, antes de emitir un informe sobre el que el Gobierno tiene que decidir si autoriza su reapertura o cierra definitivamente. Las dos empresas han gastado ya más de 300 millones de euros en la instalación atómica desde que se detuvo en el año 2012.
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital está a la espera de recibir un informe preceptivo del CSN -denominado Propuesta de Dictamen Técnico (PDT)- para decidir si renueva la licencia de explotación de Garoña, que venció en 2013, y el CSN está a la espera de que Nuclenor, la sociedad que opera la planta y que es propiedad de Endesa e Iberdrola a partes iguales, ejecute ciertos cambios de diseño antes de emitir el documento.
Pero Nuclenor no está acometiendo esas modificaciones, que provienen de la autorización de explotación vencida, razón por la que se consideran condicionantes previos a la emisión de la PDT. A grandes rasgos, consisten en el cambio del sistema de tratamiento de gases de reserva, la separación de trenes eléctricos, la protección de equipos relacionados con la seguridad frente a la caída del techo de turbina en caso de incendio y algunas mejoras en el aislamiento de contención.
Cuando Nuclenor pidió la renovación de la autorización al CSN, a mediados de 2014, incluyó un calendario de actividades en el que preveía que las obras para cumplir con los requisitos que el Organismo le había planteado estarían resueltas en septiembre de 2015. En función de esta previsión, el CSN calculó que su PDT estaría lista a finales del año pasado.
Trabajos paralizados
Sin embargo, un año después, Nuclenor no ha concluido los trabajos, y no parece que tenga intención de hacerlo: según la documentación remitida por la sociedad al CSN -que ya tiene elaborado un borrador de su PDT- y según la información facilitada por el inspector residente en la central, todo está prácticamente paralizado desde julio.
Y no puede decirse que lo que falta sea muy costoso, puesto que para conseguir que el CSN emita su preceptiva PDT, la inversión restante ronda los 10 millones de euros. Algunas fuentes indican que el organismo, ante el retraso acumulado, se está planteando emitir en enero el informe -que en caso de ser negativo impediría el otorgamiento de la licencia-, con algún tipo de fórmula que condicione su validez a que Nuclenor concluya las obras.
Disponiendo de la PDT, el Ministerio puede decidir si entrega a la central una nueva licencia de explotación, pero eso no implica que la instalación se ponga a generar energía eléctrica automáticamente. Para ello debe recargar el combustible y eso conlleva hacer frente a las inversiones en seguridad impuestas por la UE, tras el desastre de Fukushima, que superan holgadamente los 100 millones.
Parada por no ser rentable
Estos costes, más la introducción en 2012 de impuestos a la generación, al combustible y a los residuos, llevó a Nuclenor a detener la planta en diciembre de ese año, antes de lo establecido, al considerar que operarla no iba a resultar rentable. Fue una sorpresa, y una actuación que conllevó una sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 18 millones.
Con la central parada, el 6 de julio de 2013 se publicó la Orden ministerial que cesaba definitivamente su explotación -por eso ahora requiere otra licencia-, pero en febrero de 2014 el Gobierno aprobó el Real Decreto 102/2014, que permitía a Garoña pedir una nueva licencia, salvo que hubiera razones de seguridad que se lo impidieran. Al amparo de esta norma, Nuclenor solicitó una licencia por 17 años, hasta 2031, es decir, hasta que la central cumpliera 60 años, plazo considerado suficiente para amortizar las inversiones exigidas por la regulación.
Ahora bien, en España la operación de las centrales nucleares se autoriza por plazos de 10 años y nada asegura que, una vez invertidos los casi 150 millones que en total requiere Garoña para volver a funcionar, pueda hacerlo hasta que los amortice. Y ante ese riesgo, diríase que Nuclenor está optando por no gastar más.
Desde que la planta está parada, Endesa e Iberdrola han destinado más de 300 millones a mantenerla. Iberdrola ya la tiene amortizada en su contabilidad, porque da 40 años de vida a sus activos atómicos, pero no Endesa, que los amortiza en 50 años. Eso debió influir en que Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, anunciara a los sindicatos en mayo que Garoña iba a cerrar por motivos económicos.