Empresas y finanzas

El Supremo rechaza el recurso del Gobierno al bono social eléctrico

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso que el Gobierno interpuso a su sentencia del pasado octubre, que obliga a modificar el sistema de financiación del bono social eléctrico y a reintegrar a las empresas las cantidades que le han aportado desde 2014, algo más de 500 millones de euros.

Según la metodología anulada, el bono social -un descuento del 25% en la tarifa regulada- lo pagaban las compañías con actividad de generación, transporte y distribución, 23 en total, pero el 99% del coste recaía en las cinco grandes: EDP, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Viesgo.

El Tribunal lo consideró discriminatorio -al igual que el sistema anterior- porque "hace recaer la carga de financiación sobre determinados agentes del sistema eléctrico, con exclusión de otros, de manera indefinida y sin ningún tipo de medida compensatoria".

El Gobierno presentó al Supremo un "incidente de nulidad" en el mes de noviembre por entender que los jueces tenían que haber preguntado al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la UE antes de fallar y, acto seguido, promovió un pacto con la oposición para promulgar un nuevo sistema de financiación del bono.

El nuevo mecanismo, aprobado la semana pasada, obliga a pagarlo a todas las comercializadoras, unas 250, pero el 96% del coste sigue recayendo en las cinco grandes firmas citadas, y según interpretan los juristas, puede seguir teniendo los mismos vicios que los dos sistemas anteriores, de modo que no se descarta que lo vuelva a suspender la Justicia.

Algunas eléctricas tienen por costumbre recurrir todas las disposiciones sobre esta materia y se da por sentado que lo volverán a hacer, aunque ayer, consultadas por elEconomista, optaron por no pronunciarse al respecto.

En cualquier caso, tras el rechazo del recurso del Gobierno, éste tiene dos meses para abonar voluntariamente los citados 500 millones. Después de ese plazo, los afectados pueden reclamar al mismo Tribunal la ejecución forzosa de la sentencia.

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