Habría podido ser el primer rescate bajo las nuevas reglas europeas, pensadas para que no sólo el Estado, sino también los inversores, absorban las pérdidas en caso de intervención. Sin embargo el llamado burden sharing (o sea la "condivision de responsabilidad") no se aplicará al rescate de MPS, el tercer banco transalpino que el Gobierno de Roma intervino en la madrugada del viernes, tras el fracaso de la ampliación de capital.
Tal y como había prometido el ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, a la hora de pedir al Parlamento 20.000 millones (necesarios para el rescate de MPS y de otras entidades en vilo, como Veneto Banca y Popolare di Vicenza) el impacto de la intervención sobre los particulares ha sido "minimizado". MPS necesitaba recaudar 5.000 millones para salir adelante y deshacerse de 27.000 millones de créditos dudosos. Pero la entidad, en su intento de pedir dinero al mercado, sólo consiguió 2.400 millones a través de un canje de deuda por acciones.
Roma, tras las largas negociaciones del pasado verano, ya había conseguido que no se aplicasen al caso de MPS las condiciones del bail-in es decir el "rescate desde dentro" requerido por las normas europeas que, en caso de intervención pública, prevén pérdidas para los que poseen deuda senior y depósitos por más de 100.000 euros. Parecía en cambio inevitable que se aplicara el llamado burden sharing o sea las medidas que prevén que, además de los accionistas, todos los tenedores de deuda subordinada deben absorber parcialmente las pérdidas afloradas y contribuir a la recapitalización de la entidad.
Sin embargo, Italia ha conseguido también derogar esta regla: el Gobierno de Paolo Gentiloni en una nota explica que "el decreto ley contempla la posibilidad de que un banco involucrado en una recapitalización cautelar por parte del Estado, que implica el canje de deuda subordinada en acciones, ofrezca deuda no subordinada a cambio de las acciones originadas por el canje. El Tesoro puede comprar estas acciones. Al término del procedimiento de compensación finalizado a tutelar los particulares, los que poseen deuda subordinada se encontrarían con deuda ordinaria que no está sujeta a pérdidas".
En fin, formalmente, el decreto ley aprobado por el Gobierno italiano respecta la Directiva europea sobre reestructuración y resolución bancarias y el llamado burden sharing. Pero prevé también una escapatoria para que los particulares no carguen con el peso del saneamiento del banco, canjeando su deuda subordinada con bonos ordinarios de MPS. Los inversores institucionales, en cambio, se verán afectados con una quita del 15 por ciento: recibirán acciones por un valor del 75 por ciento de la deuda subordinada en sus manos.
El Ejecutivo de Roma explica en detalle la artimaña con la que se pasa por alto las normas europeas: "Así será en síntesis el esquema de compensación 1. El banco propone canjear las acciones originadas por la conversión de deuda subordinadas con una nueva emisión de deuda no subordinada. 2. El Tesoro compra estas acciones". "La compra de las acciones originadas por la conversión de la deuda subordinada tiene como objetivo evitar contenciosos judiciales relacionados con la comercialización de estos valores", matiza el Gobierno. La justificación de Roma es que, como MPS ha vendido deuda subordinada a particulares que no tenían un perfil de riesgo idóneo para estos tipos de valores, el nuevo accionista de mayoría del banco - el Estado - zanja la cuestión cargando con las pérdidas.
Lástima de directiva de reestructuración y resolución bancarias, en vigor desde el 1 de enero de 2015, que según explica el Consejo Europeo "regula la prevención de crisis bancarias y garantiza la resolución ordenada de los bancos en quiebra al tiempo que minimiza sus repercusiones sobre la economía real y las finanzas públicas".
En el caso italiano, tal y como ha admitido el titular de Economía, Pier Carlo Padoan, se minimizan las repercusiones sobre los particulares que han comprado deuda subordinada, pero se maximizan las perdidas para las arcas del Estado. Padoan ha asegurado que la asignación de los 20.000 millones de euros "será provisional y no tendrá impacto sobre el ajuste estructural" pactado con la UE. La idea de Padoan es que la intervención del Estado sólo sirva para reactivar el mercado. De hecho, a los 20.000 millones de capital fresco se sumarán unos 80.000 millones de garantías sobre la deuda, para que la banca italiana pueda seguir pidiendo liquidez al BCE.
Pero en caso de que estos fondos no sean suficientes para evitar el contagio, el Estado italiano tendrá que cargar con 100.000 millones de deuda que se añadirían a un fardo que ya supera los 2 billones de euros.
El rescate "a la italiana" ha entrado en el punto de mira de Berlín: ayer varios políticos alemanes criticaron el hecho de que Italia se salte las reglas europeas a la hora de intervenir su banca. "Es más que trágico que el Gobierno italiano pueda sentar un precedente en ignorar los compromisos hechos con la creación de la Unión bancaria europea" dijo Christoph Schmidt, presidente del grupo de asesores económicos del Gobierno de Merkel.
