El borrador de la revisión de la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética, al que ha tenido acceso elEconomista, incrementa el poder de la Comisión Europea sobre los Estados miembros: como en el conjunto de la UE se debe alcanzar un mínimo del 27% de ahorro energético en 2030 sobre 1990, Bruselas podrá exigir más esfuerzo a los países que no contribuyan lo suficiente y éstos tendrán que plantear medidas adicionales para aumentar su aportación.
El nivel de ahorro energético comunitario a 2030, medido en millones de toneladas equivalentes de petróleo, todavía está por decidir, al igual que su carácter legalmente vinculante: el Consejo Europeo aprobó en octubre de 2014 el citado mínimo del 27%, "teniendo en mente un 30%", la Eurocámara aboga por en un 40% y en el borrador figura el 30%, pero escrito entre corchetes, lo que implica que no está decidido; de igual modo figura que sea vinculante.
Un documento de Business Europe, la europea patronal de patronales, apunta que una "arrolladora" mayoría de países quiere que el objetivo a 2030 se limite al 27% y que no sea vinculante. El borrador recoge que con las medidas actuales sólo se alcanzará un 23,9%, razón por la que es necesario reforzarlas.
Gobernanza energética
Y una de las medidas para reforzarlas es otorgar más poder a Bruselas. Se definirá mejor en una futura legislación sobre Gobernanza Energética de la UE, pero de momento se adelanta que la Comisión, para alcanzar los objetivos europeos de clima y energía de 2050, podrá reclamar medidas adicionales a los estados que hagan poco y éstos no podrán obviar la petición.
Otra medida es prorrogar hasta más allá de 2030 la obligación impuesta sobre distribuidores y comercializadores de energía de ahorrar el 1,5% de sus ventas anuales o desembolsar una cantidad equivalente, que en el caso de España va al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).
En cualquiera de las dos opciones, el borrador da prioridad a las actuaciones para paliar la pobreza energética y, si ya existe un sistema de certificados blancos con el que demostrar los ahorros logrados, admite que se incluya en ellos la energía producida con renovables en los edificios.
En España aún está pendiente el desarrollo de los certificados blancos y más de 30 empresas tienen recurrido por ello el FNEE ante el Tribunal Supremo. Éste, recientemente, preguntó al Tribunal Superior de Justicia de la UE sobre la legalidad de la normativa.
El borrador también elimina salvedades a la obligación de instalar contadores individuales en los sistemas comunitarios de agua caliente y climatización -algo que España aún no ha hecho- e incrementa las exigencias de información y transparencia de las facturas de los consumidores.
Las empresas hispanas verían con buenos ojos un objetivo de ahorro a 2030 del 30% y quisieran que desapareciese la opción de que la Administración, para ahorrar, tenga alternativas a la reforma de los edificios.