TP Ferro, concesionaria de la línea, redujo las pérdidas a 19 millones en 2015
ACS y Eiffage, dueños de TP Ferro, la sociedad concesionaria de la línea de alta velocidad entre Figueres (España) y Perpiñán (Francia), estiman que los estados español y francés deberán indemnizarles con 485,86 millones de euros por la resolución anticipada de la concesión. Esta se precipitó recientemente ante la imposibilidad de sellar un acuerdo con los bancos y fondos acreedores para reestructurar la deuda y salvar así el concurso. El proyecto tuvo un coste de 1.222 millones y recibió subvenciones por un importe de 636 millones.
Antes de la resolución, la concesionaria ya había abierto tres frentes judiciales contra los estados de España y Francia. El último lo presentó en agosto del año pasado. TP Ferro reclamó 17,53 millones por la restricción, en 2014 y 2015, de la circulación de trenes de mercancías y de viajeros por la sección internacional de la línea ?a causa de la no realización por los concedentes (España y Francia) de las infraestructuras y adaptaciones indispensables en las redes ferroviarias francesa y española?. Adicionalmente, solicitó una compensación de 47,18 millones por las circulaciones de trenes que se perderán entre el 1 de enero de 2016 y 2029.
Finalmente, en concepto de restablecimiento del equilibrio económico de la concesión y a fin de permitir continuar con su ejecución, ACS y Eiffage reclamaron 229 millones en forma de préstamo participativo, que ?constituye el importe necesario para repagar a los acreedores financieros la parte de la deuda que no puede ser cubierta por los ingresos de la concesión debido a la falta de tráfico constatada?, según recogen las últimas cuentas anuales de TP Ferro. En total, por tanto, la cifra solicitada asciende a 293,7 millones. El pasado 11 de marzo las partes designaron cada una a un árbitro.
Sustituida por Adif y SNCF
Previamente, en agosto de 2013, TP Ferro instó un arbitraje por la no ejecución de algunas medidas comprometidas, lo que llevó a registrar tráficos muy por debajo de las previsiones. En este caso, la reclamación alcanza los 20,73 millones, a los que hay que sumar 3,6 millones por cada mes, desde julio de 2013, en que persistan las deficiencias denunciadas. El tercer laudo, relativo a los sobrecostes incurridos en la construcción de la línea, se resolvió en febrero de 2015 a favor de los gobiernos de España y Francia.
El pasado 15 de septiembre, los acreedores, entre los que sobresalen ING, BBVA, Bankia y Banco Santander, estaban citados para votar la propuesta de convenio que la concesionaria remitió al juez en junio, pero ni siquiera hubo quórum suficiente para celebrar la junta. Así, TP Ferro no ha podido superar el concurso de acreedores en que entró a principios de septiembre de 2015. Dos semanas después, el juez dictó la apertura de la fase de liquidación de la concesionaria, que arrastra una deuda de 557,2 millones de euros, de los que 391,5 millones corresponden a entidades financieras y fondos. En el último ejercicio, rebajó las pérdidas a 19,5 millones, frente a los 112,8 millones de 2014 y los 198,8 millones de 2013.
TP Ferro será sustituida por una sociedad nueva participada por Adif y SNCF Rèseau y que absorberá a los casi 75 trabajadores que explotan la línea actualmente.