Airbus, Santa Bárbara y Navantia son los grandes afectados por los impagos del Ministerio. Los sindicatos alertan de la incertidumbre que hay entre los empleados de la industria del sector militar.
A dos meses de que finalice el año, el dinero para pagar los grandes programas de armamento ni está ni se le espera. El Ministerio de Defensa adeuda a la industria militar la partida correspondiente a 2016 para hacer frente a los conocidos como PEAs (Programas Especiales de Armamento). El presupuesto que Defensa debe al sector ascendería a unos 1.100 millones de euros, que es la cantidad que la cartera que dirige el ministro en funciones Pedro Morenés ha pagado en los últimos años a través de la petición de créditos extraordinarios, un sistema de financiación que el Tribunal Constitucional puso en jaque este verano.
Así, con un método de pago ya descartado y sin la partida incluida en el presupuesto del Ministerio para este año, Defensa deja en el aire a una industria que genera más de 20.000 empleos en el país. Los grandes afectados son los principales adjudicatarios de estos programas de armamento entre los que destacan Airbus, Navantia y Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la empresa norteamericana General Dynamics. El Ministerio destinó el año pasado una partida de 878 millones de euros para pagar, entre otros programas, los aviones A400M, los helicópteros Tigre y los NH-90 (fabricados por el grupo Airbus), las Fragatas F-100 (Navantia) o los carros de combate Leopardo (Santa Bárbara).
Preocupación por el empleo
"El problema más importante es en cuanto al empleo, los trabajadores no deben pagar la mala actuación del Ministerio", asegura Juan Carlos Álvarez Liébana, secretario de Política Industrial de CCOO. Considera que Defensa debe "actuar de forma más rigurosa" para evitar generar la incertidumbre existente entre los empleados. "Ahora no se puede poner en jaque a la industria", espeta Álvarez Liébana. El secretario de Política Industrial del sindicato recuerda que las empresas de armamento no son bancos y si no perciben los costes de la actividad que están realizando podrían verse en dificultades.
Álvarez Liébana añade que es difícil de cuantificar el problema que provoca que el Ministerio no haya pagado aún la partida de armamento, un presupuesto con el que la industria ya contaba y a raíz del cual ha conformado sus expectativas de actividad para el año.
Daniel Fernández, responsable de la Industria de Defensa de CCOO, secunda a su compañero de sindicato y se muestra rotundo al considerar que de la misma manera que las empresas se comprometen a entregar los programas militares, Defensa se debe comprometer al pago de los mismos. "Hay una parte del empleo que depende de que estos planes armamentísticos se lleven a cabo", reseña Fernández, quien además recuerda que aparte de las grandes empresas, también se ven muy afectados por esta ausencia de pagos los proveedores de sistemas y subsistemas de las firmas adjudicatarias.
"En ausencia de Gobierno hay poca capacidad de acción", lamenta Daniel Fernández, quien se limita a ?confiar? en que finalmente la Administración pague lo que debe.
La confianza es el mismo clavo etéreo al que se agarró este verano Javier Pradere, vicepresidente de Defensa de Tedae (Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Aeronáutica y Espacio). Pradere aseguró el pasado mes de junio que la asociación no concibe que Defensa no vaya a pagar y "confiaba" en que finalmente lo hará. De esas palabras ya han pasado cuatro meses y los pagos no se han materializado. Tedae por el momento se mantiene cauta a la hora de hacer más declaraciones al respecto.
Airbus avisa del colapso
El grupo Airbus, responsable de la fabricación de grandes programas aeronáuticos para modernizar las Fuerzas Armadas del país asegura que para la industria tecnológica española "el cobro exacto y puntual de las obligaciones nacidas de los contratos firmados con el Estado es imprescindible". Además añade que no atender estos compromisos de pago "llevaría al colapso financiero de toda la cadena de suministro". Navantia, empresa cien por cien pública y la responsable de la fabricación de las fragatas, los buques y los submarinos de la Armada, prefiere no hacer declaraciones al respecto.
El Tribunal Constitucional declaró el pasado mes de julio institucional el uso del decreto ley para aprobar créditos extraordinarios y afrontar así los PEAs. Defensa recurrió a este método para solicitar cuatro créditos por 4.390 millones entre 2012 y 2015. Juan Carlos Álvarez Liébana tacha este proceder de "inusual" y pide incluir estas partidas en los Presupuestos Generales del Estado "para no generar inseguridades". Airbus, de igual modo, recuerda que la sentencia del Constitucional aconseja la inclusión de los créditos correspondientes en los Presupuestos o, en su defecto, en leyes de crédito extraordinario, tramitadas por el procedimiento ordinario o el de urgencia.
