Castilla-La Mancha ha ampliado una zona protegida por razones ambientales para que queden incluidos en ella los terrenos del futuro almacén de residuos nucleares y así poder vetar su construcción. Y Enresa, la promotora del almacén, le replica licitando un estudio de detalle sobre el impacto de la instalación sobre el territorio protegido, previendo el recurso a los tribunales.
Durante su campaña electoral, el socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha gracias a Podemos, prometió que paralizaría la construcción del ATC y hoy ha dado un paso importante para conseguirlo.
Hoy el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado el Decreto 57/2016, que multiplica por 25 el tamaño de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito: si la ZEPA ocupaba 1.000 hectáreas, ha pasado a abarcar 25.000 hectáreas. Y lo que es más importante, ahora incluye la parcela en la que está previsto construir el Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado (ATC), que dista 10 kilómetros de la citada Laguna.
Con la ampliación de la ZEPA, el Gobierno de García Page adquiere potestad para decidir qué se construye y qué no en el territorio protegido, porque prevalece la figura de protección sobre los usos que se den al suelo, ya sean cultivos, carreteras u otras construcciones.
Es decir, con el nuevo decreto, García-Page ha adquirido derecho de veto sobre las obras que Enresa, la entidad pública que gestiona los residuos radiactivos del país, acomete en la zona desde que en 2011 el Gobierno central decidiera que el municipio de Villar de Cañas albergaría el ATC.
Aunque la construcción del almacén propiamente dicho no han comenzado, Enresa ya ha destinado más de 40 millones de euros a habilitar las carreteras y otras infraestructuras básicas de la zona, como las tomas de agua y electricidad.
Recurso gubernamental rechazado
El Gobierno central presentó un recurso contra la decisión de ampliar la Laguna de El Hito, adoptada en julio de 2015, pero fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha el pasado mes de febrero. Ahora, con la publicación del citado decreto, además de que entra en vigor la capacidad de veto del Gobierno autonómico, se abre nuevamente la posibilidad de acudir a la Justicia y recurrir la nueva norma.
De hecho, los ayuntamientos que rodean al ATC, que iban a beneficiarse de su construcción con seis millones de euros anuales a modo de compensación por tener cerca la instalación, ya han anunciado que van a recurrir a los tribunales para exigir al Gobierno autonómico las responsabilidades patrimoniales que se derivan de la aplicación de la nueva norma.
Y Enresa, por su parte, también ha movido ficha: acaba de licitar, por un importe de 190.000 euros, un Estudio de detalle de posibles afecciones del Proyecto ATC sobre la Red Natura 2000, del que forma parte la ZEPA ampliada.
Consultada Enresa por elEconomista, la empresa se limita a exponer que cumple con el mandato recibido de construir el almacén nuclear, de acuerdo con las pautas establecidas por el Consejo de Seguridad Nuclear. Otras fuentes indican que el documento forma parte de una estrategia para sortear el veto del Gobierno autonómico que, previsiblemente, tendrá una vertiente judicial.
