El proyecto de fusión de Bankia con BMN llevaba en el cajón del fondo público de rescate (Frob) desde principios de año. La ausencia de un Gobierno con plenas funciones había retrasado su puesta en marcha, hasta el pasado 28 de septiembre. Ese día el organismo dependiente del Ministerio de Economía anunciaba el pistoletazo de salida a la operación con la aprobación de la puesta en marcha de un análisis de la misma.
Hasta entonces, el ministro Luis de Guindos había reiterado en distintas ocasiones la decisión sobre una integración de los dos bancos nacionalizados -el Estado tiene un 65 por ciento de capital de ambos- tenía que ser adoptada por el nuevo Gobierno. Pero las circunstancias han cambiado. Los reguladores presionan al sector para que tomen medidas drásticas con las que mejorar sus números.
La rentabilidad está bajo mínimos y las perspectivas apuntan, precisamente, a un horizonte aún más negro por la baja actividad y por unos tipos de interés que permanecerán en negativo al menos hasta finales de 2018. Además, la incertidumbre en los mercados y la economía europea crecerá, previsiblemente, por la salida del Reino Unido de la UE. Sus efectos todavía se desconocen y podrían ser mucho más significativos de los previstos.
En esta coyuntura y con el panorama político despejado tras la crisis del PSOE, De Guindos ha echado a rodar la agrupación de Bankia y BMN, una vez constatada la imposibilidad de salir a bolsa el próximo año y poder devolver las ayudas públicas de 1.645 millones recibidas. El grupo liderado por la antigua Caja Murcia, ha retrasado en dos ocasiones su debut bursátil, por lo que la única alternativa que le queda es ser adquirida.
Las reticencias iniciales del presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, a llevar a cabo la absorción se traducirán en un precio razonable que compense no sólo al Estado, sino también a los inversiores minoritarios que controlan el 35 por ciento restante, y retrasar su materialización al próximo verano, una vez haya expirado la limitación impuesta para que el grupo pueda aumentar su negocio a través de compras con el fin de evitar una negociación farragosa con las autoridades comunitarias.
El Ministerio de Economía, con la operación, gana tiempo para intentar recuperar el dinero del rescate al incorporar BMN a Bankia. Será está última la encargada de conseguir una valoración suficiente como para que el Estado ingrese en el medio plazo nada menos que 24.100 millones con la venta de su participación en el grupo resultante. Una tarea difícil, teniendo en cuenta las futuras circunstancias.
Para ello, será necesario que el nuevo Gobierno modifique la legislación aprobada tras el rescate comunitario, por la que fijó diciembre de 2017 como fecha límite para que el Frob saliera del accionario de Bankia.
Pero detrás del pistoletazo de salida de la integración hay que tener en cuenta que la interinidad del propio ministro de Economía. Su posible no inclusión en el próximo Gobierno si Rajoy se mantiene en Moncloa, sobre todo después del caso Soria, ha acelerado los tiempos que se manejaban inicialmente.
De Guindos, que fue consejero y presidente de la Comisión de Auditoría de BMN antes de ser titular de Economía, no quiere dejar la política sin tener encarrilada la solución definitiva para la única entidad nacionalizada bajo su mandato cuyo futuro estaba en el aire. Guindos ha señalado a micrófono abierto desde hace meses que su intención es abandonar la vida pública, aunque en distintos círculos siempre se ha dado por sentado que era uno de los candidatos a ocupar un sillón en el Consejo de Ministros de un próximo Gobierno del PP, incluso con el cargo de vicepresidente económico. Es más, sonó con fuerza como posible sustituto de Rajoy en un Gobierno de consenso entre distintas fuerzas parlamentarias para desbloquear el panorama político.
El fondo de rescate, eso sí, será muy cuidadoso en las formas. Su intención es sondear el interés de otras entidades antes de ejecutar la absorción de BMN por parte de Bankia. Al tratarse de una entidad pública se tiene que abrir un proceso competitivo de venta. Y eso es lo que se hará o está incluido en la hoja de ruta. Salvo sorpresa, ningún banco estaría dispuesto a ofrecer un precio razonable por BMN que evite la asunción de más pérdidas relevantes por parte del erario público en el marco del saneamiento del sistema financiero español, que acumula un quebrante cercano a a los 40.000 millones.
Valoraciones
Las valoraciones que da el mercado a las entidades está muy lejos de lo anotado en los libros. BMN, con unos recursos propios de 2.200 millones, por su tamaño y tipología se asemeja a Liberbank, que tiene una capitalización bursátil de 750 millones. El Estado, por tanto, recuperaría a este precio, menos de 500 millones por el 65 por ciento que posee del grupo presidido por Carlos Egea. El Frob ha deteriorado en los dos últimos su participación en BMN a 1.453 millones, es decir, un 11,6 por ciento.
Además, las entidades no están por la labor de iniciar en el corto plazo una nueva oleada de fusiones. Primero, se tiene que concretar cómo va a afectar la regulación que se está discutiendo en estos momentos en el Comité de Basilea. Segundo, porque los tipos bajos hacer que una adquisición sea poco atractiva ya que los retornos de las carteras crediticias son escasos. Y tercero, porque una adquisición implicaría un efecto dilutivo para los accionistas que ningún banco quiere provocar en estos momentos de cotizaciones hundidas.
La rentabilidad de BMN es una de las más bajas del mercado, a pesar de que su balance se limpió de activos tóxicos en 2013 con el traspaso de la mayor parte de inmuebles adjudicados y créditos al promotor. Sus ganancias apenas suponen un 2,9 por ciento de sus recursos propios, muy lejos de los exigido por los mercados, de más del 8 por ciento. Sus ingresos típicamente bancarios han descendido un 20 por ciento en el primer semestre debido a la caída de tipos, a la menor retribución de los bonos de la Sareb y por el descenso del crédito en un 4 por ciento.
La mejor solución
El encaje de BMN en Bankia se ha considerado como la mejor solución y, aunque empeoraría algunos de los ratios, como morosidad y rentabilidad, incrementaría la cartera de clientes al grupo que preside Goirigolzarri, le abriría las puertas de algunas zonas donde no está presente por el ajuste de su propia reestructuración y le podría inyectar beneficios contables extraordinarios el próximo ejercicio por el efecto del badwill, es decir, la diferencia entre el valor en libros del negocio adquirido y el coste real de la operación.
Al tiempo, Bankia se beneficiaría de las sinergias de costes por el ajuste de personal y oficinas que materializaría una vez se realice la integración. A pesar de que la duplicidad de la red comercial de ambas entidades es muy baja, algunas fuentes sostienen que los planes del grupo madrileño pasan por el recorte de hasta 2.000 trabajadores, es decir, casi el 12 por ciento del total del conglomerado de cajas resultante y más de la mitad de los que aportaría BMN.
De manera oficial, Goirigolzarri y su número dos, José Sevilla han insistido esta semana que el sentido industrial de la absorción por la complementariedad, pero que aún no han empezado a hacer los números de la operación.
La incorporación del grupo levantino añadiría a Bankia mayores ingresos con los que sustentar su cuenta de resultados. Su margen de intereses, debido en gran parte por la baja rentabilidad de los bonos de la Sareb, cayó en el primer semestre del presente ejercicio un 14 por ciento.
La unión de las dos nacionalizadas elevará el valor de Bankia, previsiblemente. El aumento dependerá en el precio finalmente se otorgue a BMN. Hasta ahora, el Frob sólo se ha desprendido del 7,5 por ciento del capital de Bankia a un precio de 1,51 euros por acción y consiguió ingresar 1.304 millones. Esta transacción se realizó a principios de 2014. Desde entonces los títulos de la entidad se ha mantenido por debajo de este precio, lo que ha imposibilitado la colocación de nuevos paquetes.
El Estado, a pesar de esta venta, no ha recuperado todavía ni un solo euro del dinero aportado a Bankia durante la crisis, que asciende a 22.500 millones, ya que los fondos conseguidos con el 7,5 por ciento se quedaron en la matriz del banco, BFA, y no han sido transferidos al fondo de rescate público.
En el último año, el grupo nacionalizado ha sufrido los rigores de los tribunales por prácticas del pasado, cometidas por el anterior equipo gestor comandado por Rodrigo Rato, que han impedido a las erario público a recabar parte de las ayudas. Tanto BFA como Bankia han tenido que afrontar las indemnizaciones a los particulares que acudieron a la salida a bolsa, con un desembolso de 1.800 millones.
El pistoletazo de la integración de las dos nacionalizadas, en principio, no supondrá un efecto contagio en el sector español, a pesar de la presión que están ejerciendo los reguladores para que la banca europea emprenda un proceso de fusiones. En el caso de nuestro país las autoridades pretenden que se produzca cuanto antes la tercera oleada de concentración, que será más limitada que en anteriores ocasiones, pero que reforzará el sistema, eliminando a los jugadores más débiles.
Las entidades se resisten a perder su independencia y alejan por lo menos hasta finales de 2017 o principios de 2018 la puesta en marcha de una nueva reestructuración. Mientras tanto adoptarán medidas de ajuste de personal y plantilla para reducir gastos e intentar reducir el volumen significativo de activos tóxicos. Llegará, pero tiempo al tiempo, porque hay urgencias.
